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Las Palmas de Gran Canaria/ La asociación Justicia y Sociedad considera que la
función del Parlamento de Canarias "ha quedado en entredicho por la
vinculación de dos diputados regionales con grupos inmobiliarios y
especulativos".
El letrado de la asociación, José Manuel Rivero, y
varios de sus miembros han presentado esta mañana una querella contra
el vicepresidente del Gobierno de Canarias, José Manuel Soria, por un
presunto delito de cohecho y otra contra el diputado regional del
Partido Popular (PP), Manuel Fernández, por un presunto delito de
negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos ante
la sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias (TSJC).
A jucio de la asociación, el denominado ‘caso salmón' tiene "muchas más
vertientes que el viaje privado de José Manuel Soria a Salzburgo y
Noruega en el jet del empresario turístico Bjorn Lyng". José Manuel
Rivero recordó que un contrato del primero de diciembre de 2006
vinculaba a Fernández con el grupo Anfi, siendo, además de diputado
regional, miembro de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio
Ambiente de Canarias (Cotmac).
Según Rivero, Fernández, actual vicepresidente del PP de Canarias,
"demostró interés en que la COTMAC aprobara el proyecto de Anfi Tauro
que posibilitaba la construcción de 5.496 camas turísticas" en el sur
de Gran Canaria para que después fuera aprobado por el Parlamento de
Canarias en el último pleno de la pasada legislatura.
El letrado de Justicia y Sociedad considera necesario esclarecer y
depurar responsabilidades porque "no podemos permitir que el Parlamento
de Canarias sea una caja de resonancia de intereses particulares. La
función del Parlamento ha quedado en entredicho por las vinculaciones a
intereses especulativos e inmobiliarios de algunos de sus diputados".
José Manuel Rivero considera que Soria no ha demostrado que pagara los
viajes en el jet privado del empresario Bjorn Lyng, ya fallecido, a
Salzburgo y Noruega poco antes de la aprobación del proyecto de Anfi
Tauro. "Hay todo un desarrollo desde que se solicita a la COTMAC la
aprobación del proyecto en el marco de la Ley de Moratoria turística.
Primero, el viaje de Soria siendo presidente del Cabildo de Gran
Canaria, luego el contrato que vincula al diputado regional Fernández
con el grupo Anfi perteneciendo a la COTMAC y después su voto a favor
en la Comisión con el informe favorable del Cabildo de Gran Canaria".
A juicio de Justicia y Sociedad, "Soria tiene derecho a no constestar,
a guardar silencio o a mentir, pero políticamente es insostenible.
Tiene que aclarar el caso y evitar farfullos, excusas y triquiñuelas
como el hecho de que declarara que no asistió a los debates
parlamentarios sobre la aprobación del proyecto y que no dijo nada
sobre su asistencia a la votación porque no se le preguntó".
La querella pide que declaren como testigos el consejero de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno de Canarias, Domingo
Berriel, el emrpesario Santiago Sanatana Cazorla y los diputados de la
anterior legislatura Jorge Rodríguez, Teresita Morales y Santiago Pérez.
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