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“Condiciones de retención intolerables” desde el
punto de vista de la higiene, hacinamiento, insuficiente asistencia
jurídica, sanitaria y psicológica y falta de solidaridad con los socios
europeos más expuestos a los flujos migratorios, son algunos de los
aspectos que recoge el proyecto de informe del Parlamento Europeo (PE)
sobre la ‘apliación de las normas mínimas para la acogida de los
solicitantes de asilo’.
El proyecto de resolución lamenta las numerosas insuficiencias
detectadas particularmente en cuanto a la asistencia jurídica y las
condiciones de retención.
El texto, cuya ponente es la eurodiputada socialista francesa, Matine
Roure, ha sido adoptado por la Comisión de Libertades Civiles, Justicia
e Interior (Libe) de la Eurocámara con 50 votos a favor y 2 en contra.
El pleno emitirá su voto respecto al mismo el 5 de febrero en
Estrasburgo (Francia).
Para la redacción de este proyecto de informe, Roure ha tenido en
cuenta los documentos alaborados por las delegaciones de esta comisión
parlamentaria a los centros de Canarias, así como de Ceuta y Melilla,
de Lampedusa (Italia), de París (Francia) y de Malta, Grecia, Bélgica,
el Reino Unido, los Países Bajos, Polonia, Dinamarca y Chipre.
En este sentido, una representación de 11 europarlamentarios visitó, en
junio de 2006, los Centros de Internamientos para Extranjeros (CIE) de
Las Raíces (Tenerife) y El Matorral (Fuerteventura).
Los eurodiputados revelan que, durante sus visitas a los centros
europeos, constataron en repetidas ocasiones que las “condiciones de
retención eran intolerables en cuanto a la higiene, el hacinamiento y
el estado de los equipamientos disponibles” y que “no se estaba
procediendo a informar de manera sistemática a las personas retenidas
ni de las razones de su detención”. Además muestran su preocupación por
la aplicación de “condiciones penitenciarias”.
El proyecto de resolución recoge las quejas de las personas retenidas,
incluso de mujeres embarazadas y víctimas de tortura, ante la
insuficiente atención sanitaria. Por ello insta a los socios
comunitarios a que amplíen los servicios médicos más allá de las
urgencias e incluyan los cuidados psicológicos.
Igualmente, el proyecto de informe de la Eurocámara, plantea a los
Veintisiete que permitan el libre acceso por parte de las
Organizaciones No Gubernamentales (ONGs).
NO RETENER A LOS MENORES
En cuanto a los menores no acompañados (Menas), el borrador de
resolución considera que cada niño debe contar con un responsable legal
y pide que se prohíba su detención, la cual sólo debería llevarse a
cabo de forma excepcional, y en centros aparte, cuando no esté solo
sino junto a sus progenitores. Los menores debe tener acceso a al
educación y al ocio propio de su edad, según el texto.
En el caso de las personas vulnerables –como víctimas de tortura o de
trata de seres humanos-, el proyecto de resolución de la Eurocámara
opina quen no deben estar retenidas e insta a los socios europeos que
les conceda una asistencia especializada. También pide al Ejecutivo
comunitario que defina normas comunes obligatorias para su
identificación.
PRIORIDAD A LOS CENTROS ABIERTOS
El documento lamenta la reducida capacidad de algunos de estos centros
ya que no responden a las necesidades reales y considera que la acogida
debe realizarse preferentemente en “centros abiertos”.
Además, indica que nunca deberían denegarse las condiciones de acogida
básicas como “alimentación, alojamiento y cuidados sanitarios”.
Asimismo, el ‘informe Roure’ expresa su “preocupación” por la “falta de
intérpretes” constatada en algunos de los centros visitados y por las
restricciones en el acceso a la asistencia jurídica que, en ocasiones,
se “limita a una lista con nombres de abogados”. Un acceso a la
justicia aún más complicado cuando las personas son trasladadas de un
centro a otro, asegura.
UN SISTEMA DE INSPECCÓN PERMANENTE
El proyecto de resolución de la Eurocámara pide a la Comisión Europea
que “desarrolle un sistema de visita e inspección permanente” así como
que estudie la posibilidad de proponer un “instrumento europeo de
reparto de las cargas”.
También solicita a los Estados miembros que muestren una mayor
“solidaridad”, que vaya más allá de los ámbitos técnicos y financeros,
con los socios más expuestos a los flujos migratorios y los critica por
aplicar “mal” o incluso saltarse las normas existentes para la acogida.
No osbtante, el proyecto no cita a los países que suspenden en la
aplicación de las directivas de ‘acogida’ y ‘procedimiento’ de los
demandantes de asilo.
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