Caso Arona: la Guardia Civil pidió 15 expedientes al Negociado de Multas por posible trato de favor
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ACN Press
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jueves, 29 de enero de 2009 |
 Arona/ El conocido como ‘caso Arona’, del que
se ocupa el juez Nelson Díaz Frías, y que mantiene imputada a la
anterior junta del gobierno municipal, investiga irregularidades
relacionadas con la concesión de licencias entre 2003 y 2007.
Cinco agentes de Policía Judicial de la Comandancia
de la Guardia Civil se personaron temprano en el Ayuntamiento de Arona
el pasado martes 27 de enero, dentro de las investigaciones que se
llevan a cabo sobre presuntas irregularidades, requisando (por tercera
vez) abundante documentación, entre ella, quince expedientes del
Negociado de Multas por un posible trato de favor por parte del
municipio.
Según pudo saber ACN Press de fuentes municipales, los agentes se
dirigieron en primer lugar a Secretaría, donde le pidieron numerosos
expedientes relacionados con los departamentos de Urbanismo,
Actividades, Personal, Rentas y finalmente, el Negociado de Multas.
En dicho departamento solicitaron 15 expedientes que al parecer podrían
tener relación con un empresario con relaciones en el Ayuntamiento
aronero y que los agentes investigan para determinar si ha existido
algún trato de favor por parte de los concejales.
IRREGULARIDADES
El conocido como ‘caso Arona’, del que se ocupa el juez Nelson Díaz
Frías, y que mantiene imputada a la anterior junta del gobierno
municipal, investiga irregularidades relacionadas con la concesión de
licencias entre 2003 y 2007 que obtuvieron informes jurídicos
desfavorables y que contaron con el visto bueno de la oficina técnica.
Según ha trascendido, se acusa a la anterior junta de gobierno de
supuestos cobros de comisiones a cambio de la concesión de licencias
urbanísticas. El caso se inició en 2007 a raíz de una denuncia del
PSOE, que motivó una querella de la Fiscalía Anticorrupción por
presuntas ilegalidades contra la ordenación del territorio.
Posteriormente, a raíz de la declaración de un testigo, se procedió a
la detención de dos aparejadores, un arquitecto municipal y un
empresario, acusados de presuntos delitos de prevaricación y cohecho,
aunque fueron puestos en libertad condicional bajo fianza de 80.000
euros.
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