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Esta resolución se aprobó con los votos a favor de CC y PP y la
oposición del PSOE, tras el debate de una comunicación del Gobierno
regional, cuya consejera de Bienestar Social, Inés Rojas, señaló que
las islas no pueden asumir en solitario la tutela de los miles de
menores inmigrantes que llegan a sus costas.
El cambio legal sobre la tutela de los menores inmigrantes, según
el acuerdo parlamentario, debe producirse con motivo del debate en
las Cortes de la modificación de la Ley de Extranjería.
También se aprobó con los mismos votos instar a la creación de un
órgano público de coordinación del Estado con todas las comunidades
autónomas para la distribución territorial de los menores
inmigrantes en el caso de que una comunidad autónoma concreta se vea
desbordada por su llegada.
El diputado del grupo socialista Francisco Hernández Spínola
admitió que la llegada de menores en patera desde las costas
africanas es un problema de Estado en el que debe implicarse el
Gobierno central, las demás comunidades e incluso la Unión Europea.
Pero consideró precipitado reclamar un cambio en la tutela de los
menores con motivo de la modificación de la Ley de Extranjería, y
defendió en cambio que "se estudien y promuevan, en su caso, las
modificaciones legislativas necesarias".
Así lo plantearon los socialistas en una propuesta de resolución
que también resultó aprobada, ya que CC y PP decidieron abstenerse
al entender que era ambigua y no concretaba nada.
La consejera de Bienestar Social, Inés Rojas, consideró que la
legislación vigente sobre los niños en desamparo, cuya tutela
corresponde a las comunidades autónomas, se hizo antes de que
apareciera el fenómeno de las pateras.
Los menores que llegan en patera no pueden ser considerados
residentes en Canarias que han quedado desamparados, y por tanto es
el Estado el que tiene que asumir su tutela y su distribución entre
todas las comunidades, porque las islas solas no pueden, dijo.
Desde 1994 han llegado a las islas 6.000 niños entre las 90.000
personas llegadas en pateras o cayucos "y ya es hora, después de
catorce años, de regular esta situación", dijo.
Los menores llegados de esta forma a España deben tener un
estatuto jurídico acorde a su situación, única manera de garantizar
su acogimiento e integración, argumentó.
Canarias no tiene la culpa de ser "la grieta" que se ha dejado
abierta tras el "blindaje" del Mediterráneo y de Ceuta y Melilla, y
por tanto el Estado tiene que asumir su responsabilidad y corregir
"la laguna legal" en la que viven los menores africanos y que impide
su integración, agregó.
Recordó que, como establece la ONU, la descentralización del
poder en un Estado no reduce la responsabilidad directa de su
Gobierno con todos los niños que están en su jurisdicción.
Subrayó que con esta propuesta, "el Gobierno de Canarias ni está
devolviendo ni va a devolver ninguna competencia sobre niños".
Francisco Hernández Spínola, diputado del PSOE, se congratuló de
que el Gobierno de Canarias haya dejado de usar la inmigración como
arma de confrontación con el Ejecutivo central y admitió que la
situación de estos niños "es una cuestión de Estado" ante la que hay
que ofrecer soluciones.
Señaló que la especial situación de los menores inmigrantes
llegados de forma clandestina no está prevista en la legislación y
hay que regularlo, pero se mostró partidario de que antes se
estudien "a fondo" todos los cambios precisos, no sólo en la Ley de
Extranjería.
"Los menores extranjeros no tienen que ser una responsabilidad
exclusiva de Canarias, es ineludible la participación del Estado y
de las demás comunidades autónomas", así como de la Unión Europea,
dijo.
"Hay que estudiarlo a fondo y si ha lugar se promoverán las
modificaciones en las Cortes", aseguró.
José Miguel González, diputado de CC, dijo que "no se pueden
utilizar coartadas legislativas" para que el Estado eluda sus
responsabilidades.
"No se trata de devolver la competencia en tutela de menores en
situación de desamparo, sino que las normas jurídicas se acomoden a
una realidad nueva", argumentó.
Carlos Ester, diputado del PP, dijo que los menores inmigrantes
deben tener una regulación jurídica propia, porque no son niños con
residencia en Canarias, sino que son rescatados en alta mar y
desembarcados en las islas.
"Pretendemos asegurar un buen futuro de esos menores, es lo mejor
para los niños y por tanto hay que olvidarse de colores políticos",
explicó.
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Canarias/ El pleno del Parlamento de
Canarias aprobó este jueves una resolución en la que pide que el Estado
asuma la tutela de los inmigrantes menores llegados de forma
irregular, mientras que la guarda correspondería a las comunidades
autónomas donde sean acogidos.
15 millones no 15millones de pata en el culo le dan a Canaria por atender a estos menores a quien vas a engañar --- se ve que hay mucha manipulación con esto de los menores que llo relaciono con las pateras