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Granadilla/ El coordinador de Izquierda Unida Canaria (IUC) en
Tenerife, Ramón Trujillo, afirmó hoy jueves que el inicio de las obras
del Puerto de Granadilla podría vulnerar la Directiva Hábitats y
conllevar la supresión de financiación europea para tal
infraestructura.
Trujillo señala en un comunicado indica que la
Comisión Europea (CE) ha solicitado al Gobierno central información
sobre el proyecto del puerto que podría modificar el dictamen de la CE,
y precisa que iniciar las obras sin esperar a la respuesta de la
Comisión “podría constituir una grave ilegalidad, ya que, si se
modifica el dictamen, las obras violarían la Directiva Hábitats”.
La formación de izquierdas recuerda que la Comisión Europea descartó la
ampliación del muelle de Santa Cruz, como alternativa al de Granadilla,
“basándose en informes incorrectos de las autoridades españolas”.
En dichos informes, agrega IUC, se descartó la ampliación del muelle
santacrucero por los perjuicios que ocasionaría a los vecinos, la
inexistencia de canteras en las proximidades y la imposibilidad de
tener el tamaño necesario.
Sin embargo, Trujillo recalca que el 29 de octubre pasado el
eurodiputado de Izquierda Unida Willy Meyer se dirigió a la Comisión
Europea señalando “la incorrección” de los datos referidos a la
ampliación del muelle de Santa Cruz.
El 12 de diciembre, apunta, el Comisario Dimas respondió a Izquierda
Unida que “la Comisión confirma que, en especial, el potencial de
ampliación del actual puerto de Santa Cruz y la cuestión del acceso a
las nuevas canteras han sido factores tenidos en cuenta en la
elaboración de su dictamen sobre el puerto de Granadilla”. Y añadía que
“la Comisión se pondrá en contacto con las autoridades españolas para
pedir explicaciones urgentes sobre la situación actual”.
IUC considera que “es obvio” que de la respuesta se desprende la
posibilidad de que la Comisión Europea modifique su dictamen, si
concluye que se basó en datos falsos. “Por lo tanto, iniciar las obras
sin esperar a la respuesta de la Comisión podría constituir una grave
ilegalidad, ya que, si se modifica el dictamen, las obras violarían la
Directiva Hábitats”, insiste Trujillo.
En opinión de IUC, las autoridades “deben abandonar la estrategia
de los hechos consumados y no dar pie a nuevas ilegalidades iniciando
las obras del puerto”.
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