Espinosa cree que las demoliciones son excepcionales y dice que buscará consenso
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EFE
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martes, 17 de febrero de 2009 |
 Madrid/ La ministra de Medio Ambiente, Medio Rural
y Marino, Elena Espinosa, ha considerado este martes que las demoliciones de
propiedades privadas en aplicación de la ley de costas son
"excepcionales" y ha garantizado que su departamento buscará el
máximo consenso antes de actuar.
"Preferimos perder meses, pero hacerlo desde un consenso total y
absoluto", ha manifestado Espinosa en el pleno del Senado al
responder al senador de Coalición Canaria Alfredo Belda, quien le
había mostrado su preocupación por el futuro de las viviendas de
miles de familias humildes en las islas.
La ministra ha explicado que el primer paso para proteger la
costa es finalizar el deslinde del dominio público
marítimo-terrestre y ha informado de que en Canarias ya se ha
deslindado el 83 por ciento.
Después se ponen en marcha programas de reconocimiento de
derechos, para aclarar la situación de las propiedades afectadas por
los deslindes, y, con carácter previo a cualquier actuación, se
informa a las administraciones autonómicas y locales, ha añadido.
Sólo después de tramitarse el expediente se procede a demoler las
propiedades que estén ocupando indebidamente el dominio público,
pero Espinosa ha subrayado que se trata de "situaciones
excepcionales".
En ellas ha incluido las actuaciones de Cho Vito, en Tenerife, y
las de Fuentecaliente, en La Palma, que se enmarcan, ha dicho, en
proyectos de recuperación y mejora de la zona de tránsito.
Espinosa ha insistido en que su departamento mantendrá "tantas
reuniones como sean necesarias" para llegar a un acuerdo con las
administraciones afectadas y que siempre tendrá en cuenta sus
opiniones.
El senador de Coalición Canaria le ha asegurado que su formación
comparte los objetivos de la ley de costas para proteger el litoral,
pero ha advertido a la ministra de que muchas familias de origen
humilde ven peligrar su vivienda por encontrarse en dominio público
y están teniendo problemas para obtener la concesión de treinta años
prorrogables que prevé la norma.
Belda ha comenzado su intervención mostrando su pesar por la
muerte de 22 inmigrantes frente a Lanzarote.
Su formación no entiende cómo el SIVE no detectó la embarcación
en la que viajaban, lo que podría haber evitado la desgracia, ha
manifestado.
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