 Santa Cruz de Tenerife/ Izquierda Unida Canaria (IUC) ha ampliado la
denuncia que presentó el pasado 17 de febrero ante la Fiscalía General
del Estado contra el consejero de Medio Ambiente y Ordenación
Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, por presuntos
delitos contra el medio ambiente, tráfico de influencias y
prevaricación administrativa en la descatalogación de la población de
sebadales afectada por la construcción del puerto de Granadilla.
La formación de izquierda también ha solicitado a la
Fiscalía General del Estado que, "dada la gravedad de los hechos y el
daño ecológico irreversible que se podría causar", promueva
judicialmente la suspensión cautelar urgente de las obras en vía penal
al amparo del artículo 339 del Código Penal.
Una medida que indican vendría a complementar y reforzar la suspensión
cautelar de las obras dictada por el Tribunal Superior de Justicia
(TSJC), después de aceptar la petición presentada por la organización
ecologista Ben Magec, y sobre la que decidirá este martes, tras haber
conocido el pasado viernes los argumentos dados por las partes -Ben
Magec y administración- sobre la descatalogación de los sebadales.
En el escrito de ampliación de denuncia, la formación política pone en
conocimiento de la Fiscalía los datos e informaciones recabadas por la
federación ecologista Ben Magec-Ecologistas en Acción sobre las
presuntas ilegalidades en el proceso previo de descatalogación que ha
conducido al inicio de las obras del Puerto de Granadilla, indica IUC
en un comunicado.
IUC reitera que la desprotección de los sebadales, ordenada por el
consejero de Medio Ambiente, se hizo a partir de un informe contrario a
esta medida, elaborado por el Servicio de Biodiversidad. La formación
política sostiene que la orden dictada por Berriel "omite
deliberadamente aquel párrafo del Informe en el que se indica que la
descatalogación ni obedece a razones o motivos relacionados con la
biología de ésta o cualquiera otra especie".
Al respecto, precisan que el informe del Servicio de Biodiversidad
rechazaba la propuesta de descatalogar los sebadales, ubicados en el
lugar en que se construiría el puerto, porque tal propuesta no se
ajustaba a las dos posibilidades de descatalogación que ofrece la ley
(desproteger la especie o una determinada población, pero no una zona
delimitada en función de criterios no naturales).
IUC apunta que "no hay razones biológicas ni de conservación de la
especie que justifiquen la descatalogación". También indica que, cuando
en el seno de la Consejería de Medio Ambiente se conoce el contenido
dispositivo de la Orden del consejero, dos técnicos autores del informe
emiten una nota interna en la que hacen constar la expresa eliminación
de ese párrafo en la orden final, "sin que se rectificara la misma, y
ello, con la intención de alterar y cambiar el sentido del mismo",
afirma la formación política denunciante.
Para IUC la conducta de Berriel "es indigna e incompatible con una
democracia homologable", por lo que exige al presidente del Gobierno,
Paulino Rivero, la "destitución inmediata" del consejero de Medio
Ambiente. Al respecto, advierte a Rivero de que puede convertirse en
"co-responsable político de esa ilegal decisión que llevó a la
descatalogación de los sebadales del área afectada por la obras".
IUC también considera que la "aparente despreocupación" mostrada por el
consejero Berriel ante la denuncia presentada, refleja "hasta dónde ha
llegado su pérdida de conciencia acerca de lo qué es o no lícito". Una
conciencia que IUC confía en que el consejero "irá recobrando a medida
que la Fiscalía y la Justicia actúen".
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