Los Verdes califica de "hecho histórico" la suspensión cautelar dictada por el TSJC
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ACN Press
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miércoles, 04 de marzo de 2009 |
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Canarias/ Dicen que el auto del TSJC remarca que
Granadilla tiene "derecho a elegir su destino por encima de los
ensueños industriales del último franquismo y de una minoría
empresarial que cree que la legislación medioambiental es un ejercicio
retórico".
Los Verdes-Grupo Verde de Tenerife ha calificado de
"hecho histórico" el auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias
(TSJC) que mantiene la suspensión cautelar de la descatalogación de la
población de sebadales que impedían el inicio de las obras, que se
mantienen paralizadas.
La organización política destaca la "gran trascendencia social,
política y económica" de esta decisión adoptada hoy miércoles por el
TSJC, que ratifica la suspensión dictada tras admitir a trámite la
petición de Ben Magec-Ecologistas en Acción y en la que no admite la
solicitud de Puertos del Estado de exigir 31 millones a la organización
ecologista en concepto de indemnización.
Los Verdes consideran que con el auto "le da una segunda oportunidad al
municipio y a las decisiones democráticas sobre proyectos impopulares e
impactantes".
"Se ha sentado con absoluta claridad" que Granadilla tiene derecho a
elegir su destino por encima de los ensueños industriales del último
franquismo y de una minoría empresarial que cree que la legislación
medioambiental es un ejercicio retórico sobre el interés general que no
merece respeto ni cumplimiento en la búsqueda de beneficios privados",
indica la formación en un comunicado.
A la luz de este auto, pase lo que pase en el futuro, consideran que la
decisión del Gobierno de Canarias y del Parlamento de no debatir en
2005 la Iniciativa Legislativa Popular sobre Granadilla "quedará para
la historia como un símbolo y un síntoma de su degradación política e
institucional".
En esta línea, destaca que la paralización del puerto no tiene que ver
sólo con infraestructuras, "sino con la ilusión colectiva que aspira a
un cambio de las bases injustas sobre las que se asienta la democracia
en las islas".
Los gobernantes y los representantes públicos deberían asumir el
"clamor" popular y no intentar imponer una estrategia de plataforma
logística industrial al margen de otros intereses públicos, de la
opinión pública y de la legislación "que debe garantizar su respeto
frente a cualquier imposición o arbitrariedad de las empresas o los
poderes públicos condicionados por ellas".
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