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El pleno del Parlamento de Canarias aprobó hoy con
los votos de Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP) el proyecto
de Ley de Medidas Urgentes en materia de ordenación territorial para la
dinamización sectorial y la ordenación del turismo, a la que se opuso
el PSOE al considerar que invade competencias locales y supone un
“grave retroceso” en la política de ordenación del territorio y en la
contención del desarrollo turístico.
El diputado socialista Manuel Fajardo señaló que la norma es
“profundamente insostenible” y dijo que con ella se obedece “a los
dueños del suelo y del hormigón y la especulación”.
CC y PP, que rechazaron todas las enmiendas que el PSOE mantenía al
pleno, aseguraron que la norma es “claramente favorable” para todas las
actividades económicas de Canarias y señalaron que dinamizará la
actividad agrícola, ganadera, industrial y turística.
José Miguel González, de CC, destacó la importancia de la norma porque
racionaliza los usos del suelo, potencia la actividad del sector
primario e industrial y fija los medios para afrontar la rehabilitación
turística.
Además, dijo que facilita que el Gobierno canario emita las directrices sectoriales, actualmente paralizadas.
Desmintió que vulnere la autonomía local, lo que consideró “una
falacia”, recalcó que los ayuntamientos aumentan sus competencias
“enormemente” y dijo que el Ejecutivo sólo actuará con carácter
excepcional y ante la inacción de las corporaciones locales.
Miguel Jorge Blanco, del PP, afirmó que la ley no hará milagros, pero
ayudará a remover un gran número de obstáculos de la legislación
actual.
ELIMINAR LA MORATORIA
Fajardo lamentó la falta de consenso y dijo que la norma se aprueba
pese a la alta contestación social e institucional, y manifestó que con
la misma se pretende eliminar la moratoria.
Además, recalcó que con ella se hará añicos la frase “más talento y
menos cemento”, acuñada por el presidente del Gobierno canario, Paulino
Rivero.
Sostuvo que servirá para repartir “las migajas” que quedan en el
territorio y se convertirá en elemento inspirador de la “arbitrariedad”.
Fajardo mantuvo que la ley estimula el aumento de plazas turísticas,
favorece el consumo de nuevo territorio, desprotege el suelo rústico y
no cumple con los criterios de sostenibilidad.
GENERAR ACITIVAD EN PERIODO DE CRISIS
El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, destacó que la
Ley de Medidas Urgentes es una de las más importantes aprobadas en la
historia del Parlamento, y señaló que introduce cambios en la economía
para generar actividad en un periodo de crisis.
Destacó que la norma, que nace, recalcó, con el consenso social,
combina la preservación del territorio con medidas para fomentar la
actividad económica.
Rivero señaló que la ley apuesta por el desarrollo y potenciación del
sector primario e industrial y por el turismo de calidad “sin consumir
más suelo”, así como por la rehabilitación de la planta alojativa.
SIMPLIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN
Según el texto de la norma, ésta aborda la simplificación y
racionalización de las actuaciones administrativas en materia
territorial y urbanística eliminando “rigideces y exigencias
innecesarias” en relación con el procedimiento de aprobación de las
Directrices de Ordenación.
Afronta asimismo la ordenación del suelo rústico con el objetivo de
promocionar la actividad agropecuaria y el dinamismo del medio rural,
así como la diversidad económica a través del fomento de la
implantación industrial, de los servicios, equipamientos y dotaciones
públicas y la diversificación energética renovable.
Aborda también la regularización de las “múltiples” explotaciones ganaderas.
La norma pretende corregir los preceptos del marco legislativo actual
que impiden o dificultan la adaptación y desarrollo del planeamiento
urbanístico y territorial para facilitar su eficacia y evitar que las
dificultades que supone la falta de planeamiento para la implantación
de infraestructuras y servicios públicos y para el desarrollo de la
actividad económica.
La Ley de Medidas Urgentes contempla el desarrollo turístico y los
límites de la ocupación territorial. Se mantiene la prohibición de
clasificar nuevos suelos urbanizables con destino turístico, aunque se
permite la reclasificación de terrinos siempre que se proceda de forma
simultánea a la desclasificación de suelo turístico en igual o mayor
proporción.
Además, se permite la reclasificación como consecuencia de operaciones
de reforma interior que ocasionen un traslado de ubicación de
instalaciones hoteleras ya existentes.
La norma contempla la modulación del crecimiento de la planta alojativa
para el próximo trienio y se opta por priorizar la renovación y
rehabilitación de la planta obsoleta o que precise mejoras para
asegurar la competitividad del sector.
También aborda la denominada moratoria turística por la que se acota en
el tiempo el aplazamiento o suspensión de las iniciativas de nueva
implantación y establece alternativas opcionales para los titulares de
los suelos rústicos que cuenten con la consolidación de sus
aprovechamientos.

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