La operación policial, bautizada con el nombre de Unión y que se
ha extendido a Gran Canaria, se inició a raíz del cobro de una de
estas comisiones, de 100.000 euros, que fue interceptada por la
Guardia Civil a uno de los intermediarios de la red en el momento de
su entrega.
Aunque el Tribunal Superior de Justicia informó esta mañana de la
detención de diez personas implicadas en esta trama, la Guardia
Civil asegura que los detenidos son nueve, aunque no se descartan
más arrestos.
Los arrestados son el líder del PIL, Dimas Martín; quien se
encuentra en prisión cumpliendo una condena; su hija Elena Martín,
jefa del servicio de contratación del ayuntamiento de Arrecife; el
primer teniente del consistorio Ubaldo Becerra (PIL), y el concejal
de Urbanisno y Hacienda, José Miguel Rodríguez (PIL).
También han sido detenidos el ingeniero jefe de la oficina
técnica municipal, Rafael Arrocha; el ex vicepresidente del Cabildo
Segundo Rodríguez (PSC-PSOE), un empresario de Gran Canaria y dos
intermediarios.
Según informó el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que
no ha facilitado ningún nombre de los arrestados, entre los
detenidos se encuentra un ex presidente del Cabildo de Lanzarote,
dos concejales del Ayuntamiento de Arrecife, dos funcionarios del
consistorio y varios empresarios.
A los detenidos se les imputa delitos contra la Administración
Pública, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias,
negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos,
exacciones ilegales y contra la ordenación del territorio.
En esta operación, dirigida por el juez de instrucción número 5
de Arrecife, agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia
Civil han registrado las dependencias del Ayuntamiento de Arrecife y
de su Oficina Técnica, una oficina y varios estudios de
arquitectura, así como los domicilios de algunos de los detenidos y
la celda que ocupa Dimas Martín en la prisión de Tahiche.
Según la Guardia Civil, la investigación ha permitido
desarticular "una importante trama organizada" dedicada al cobro de
comisiones presuntamente ilegales a empresarios cuyos intereses
económicos "dependen en buena medida de decisiones administrativas
que están en manos o bajo la esfera de influencia de los cargos y ex
cargos públicos pertenecientes a la organización".
Así, la Guardia Civil cita "el pago de facturas por servicios
prestados a la administración, adjudicación de contratos y concesión
de licencias".
La red, que viene siendo investigada por la Guardia Civil desde
hace más de un año, se ha desarticulado a raíz del cobro de una de
estas comisiones por uno de los intermediarios de la organización,
que fue detenido "in fraganti" con 100.000 euros en efectivo.
La Guardia Civil también investiga una supuesta manipulación de
la adjudicación del avance del Plan General de Ordenación Urbana de
Arrecife.
La investigación ha sido llevada a cabo por miembros del Grupo de
Delincuencia Urbanística de la Unidad Central Operativa de la
Guardia Civil, bajo la dirección del Juzgado de Instrucción nº CINCO
de Arrecife y de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Las
Palmas.
La Guardia Civil ha informado de que la operación se encuentra
bajo secreto de sumario y continúa abierta, por lo que no se
descartan nuevas detenciones o imputaciones.
Uno de los detenidos en la "operación Unión" ha sido un
empresario que fue arrestado en Gran Canaria y fue trasladado a
Arrecife, para su puesta a disposición del juez del caso, en un
helicóptero de la Guardia Civil.
* foto tomada de
diariodelanzarote.com