|
Las Palmas de Gran Canaria/ El juez de Arrecife
que instruye la "Operación Unión", contra una trama de corrupción
municipal y urbanística destapada en Lanzarote, ha ordenado el
ingreso en prisión del ex edil de Urbanismo, Economía y Hacienda de
Arrecife, José Miguel Rodríguez, del Partido de Independientes de
Lanzarote (PIL).
Así lo confirmó el Tribunal Superior de Justicia (TSJC) en un
comunicado después de que Rodríguez finalizara su declaración ante
el juez César Romero Pamparacuatro, titular del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción número 5 de Arrecife, que ha tenido lugar
esta madrugada, tras la detención del ex edil el lunes en el
Ayuntamiento de Arrecife.
El TSJC precisó que el juez ha ordenado el ingreso en prisión,
comunicada y sin fianza, de José Miguel Rodríguez por un supuesto
delito de cohecho.
El instructor de la Operación Unión también decretó en las
últimas horas el ingreso en prisión, comunicada y sin fianza, por
supuestos delitos de cohecho, del ex primer teniente de alcalde de
Arrecife, Ubaldo Becerra Robayna (PIL), y del asesor del Patronato
de Turismo de Lanzarote Matías Curbelo Luzardo (PIL).
Así lo informó en un comunicado esta madrugada el gabinete de
prensa del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), en
relación a las declaraciones que se realizan en Arrecife en el marco
de la "Operación Unión".
El TSJC comunicó horas antes que el juez ha dejado en libertad
con el cargo de cohecho a uno de los primeros detenidos, Alfredo
Santiago Rodríguez (PIL), trabajador del Patronato de Turismo de la
isla.
Este imputado fue detenido en la primera fase de la operación,
desarrollada el pasado lunes y que se saldó con once detenciones
tras el registro del Ayuntamiento de Arrecife de Lanzarote, mientras
que el jueves se produjeron otras siete detenciones al hilo de otro
registro en el Ayuntamiento de Yaiza, un municipio del sur de la
isla.
El juez ha informado que en la mañana de hoy tomará declaración
al líder del PIL y ex presidente del Cabildo de Lanzarote, Dimas
Martín Martín, que se encuentra en prisión cumpliendo una condena de
ocho años, y ha recordado que sigue decretado el secreto de sumario.
La "Operación Unión", en la que han sido detenidos cargos
públicos, funcionarios, empresarios e intermediarios de Lanzarote
implicados en una trama para el cobro de comisiones ilegales, se
desencadenó a raíz del pago de una de las supuestas comisiones
cobradas, de 100.000 euros, que fue interceptada por la Guardia
Civil a uno de los intermediarios de la red en el momento de su
entrega.
Noticias Relacionadas:
|
