El fiscal pide el archivo del "caso salmón"
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EFE
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martes, 16 de junio de 2009 |
 Las Palmas de Gran Canaria/ La Fiscalía
Anticorrupción ha pedido que se confirme el archivo del "caso
salmón", en el que ha sido investigado el vicepresidente del
Gobierno canario José Manuel Soria y otras personas, pues de haber
cometido un delito de cohecho, éste habría prescrito.
Soria fue denunciado por un viaje que hizo en 2005 a Noruega a
pescar salmón invitado por el empresario Bjorg Lyng (fallecido),
propietario del complejo hotelero Anfi Tauro, meses antes de que el
Cabildo de Gran Canaria, que por entonces presidía el político,
informara a favor de la construcción de 3.600 camas turísticas en el
citado establecimiento.
En su informe, el fiscal dice que no ha observado "ninguna
irregularidad" atribuible a Soria en la declaración de interés
general del citado proyecto turístico de Anfi Tauro, pues ni tan
siquiera participó en el Consejo celebrado en 2005 en el que el
Cabildo emitió su informe favorable.
En cuanto a sus vacaciones en instalaciones del Grupo Anfi, el
fiscal dice que no se han acreditado indicios incriminatorios contra
el vicepresidente porque no abonara sus estancias, aunque sí ha
quedado demostrado que pagaba la tarifa más económica.
Sobre los "viajes gratuitos" de Soria en un avión particular del
dueño de Anfi, el fiscal entiende que si podrían constituir dádiva a
los efectos del artículo 425 del Código Penal, aunque de existir
delito de cohecho éste hubiera prescrito.
El pasado 21 de mayo, la magistrada instructora del llamado "caso
Salmón", Margarita Varona, archivó la denuncia por cohecho
presentada contra el presidente del PP en Canarias y vicepresidente
del Gobierno regional, José Manuel Soria, por el periodista Carlos
Sosa y la Asociación Justicia y Sociedad.
En sus fundamentos, la magistrada señalaba que no puede
considerarse como un soborno la aceptación por parte de Soria de la
invitación que el empresario Bjorn Lyng le hizo para viajar a
Austria y Noruega, e indicaba que tampoco quedaba acreditado el
delito de negociaciones prohibidas a funcionarios públicos imputado
al diputado regional y secretario general del PP, Manuel Fernández.
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