 Santa Cruz de Tenerife/ Salvador Afonso, responsable del
área salud de Intersindical Canaria (IC), explica en los micrófonos de
Radio San Borondón que es habitual en los últimos años que la
Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, a través de las
diferentes gerencias y con unos argumentos que tilda de "para nada
claros", procedan al cierre de camas hospitalarias. En este caso, en
el periodo estival se concreta en el cierre de 243 camas en total en
el Hospital de La Candelaria.
Afirma Salvador Afonso que, estando argumentado, podría tener
cierta lógica, teniendo en cuenta la posibilidad de que en el periodo
vacacional hubiera una disminución de la presión asistencial, pero
señala que la realidad existente en Canarias es "completamente la
contraria".
Cuenta el representante de IC que se incrementa durante los meses
de verano la presión los servicios de urgencias por el cierre de esta
camas, y que además aumenta la población con derecho a asistencia por
la afluencia turística. "En principio los argumentos que esgrimía la
Administración era la falta de profesionales para poder mantener la
actividad. Ahora mismo ya esa realidad no existe, puesto que hay en el
mercado profesionales para tener cubiertas las demandas que pudiera
generar el centro hospitalario", dice.
Para hacernos una idea, observa Afonso que podemos estar hablando
de más de 800 pacientes que van a dejar de recibir asistencia
hospitalaria en el Hospital de La Candelaria y en el Hospital de Ofra,
sin tener en cuenta la repercusión que tendrá en la población teniendo
en cuenta que somos una de las Comunidades con unos índices de listas
de espera más importantes del Estado español.
"Entendemos como mínimo que es un golpe bajo a la inteligencia y a
nuestro pueblo la actitud de la Consejería y de la Gerencia del
complejo Hospitalario Nuestra Señora de la Candelaria. Es un hurto a
los ciudadanos. Por una parte intentan vendernos las reducciones, las
políticas de reducción de listas de espera, y por otra parte nos dan
de esta forma con el cierre de camas hospitalarias", sentencia
Afonso.
Intención privatizadora
Reconoce el mismo que en años pasados podría haber cierta
justificación por la escasez de profesionales, pero que ahora mismo la
realidad es completamente distinta. "Esto atenta directamente contra
los usuarios, atenta contra los trabajadores; se incrementan las
cargas de trabajo, y se reduce a una intención por parte de la
Consejería de privatizar y, por otra parte, de reducir costes en un
tema tan importante como es la salud", comenta.
Y es que, si se cierran camas en la sanidad pública, las patologías
derivarán a la privada, por lo que ésta se potencia en contra de los
intereses de la población. "Si argumentan planes de choque con
importantes recursos económicos, no tiene sentido que ahora retrocedan
porque éstos supuestamente le cuestan un incremento presupuestario",
añade Afonso.
"No sabemos exactamente cuáles son los planes, pero evidentemente
las consecuencias sí las tenemos a la vista. [...] Es una agresión en
toda regla a lo que es el sistema social", asevera el representante de
IC, quien cuenta que aparte de la denuncia pública están intentando
mantener contactos con los responsables en la Consejería, "pero muchas
veces hacen oídos sordos a nuestras peticiones. Aquí lo único que
cabría sería una respuesta social, y no sé si nuestra población, tal y
como somos, seamos capaces de responder a este tipo de actos",
lamenta.
Noticias Relacionadas:
|
