Santa Cruz de Tenerife/ Los servicios jurídicos del
Gobierno canario han tramitado este martes una súplica en la que piden al
Tribunal Superior de Justicia de Canarias que anule la providencia
por la que le obliga a pagar 101 millones de euros por el caso
Tebeto, o que en caso contrario amplíe el plazo para ello a tres
meses.
Así lo anunció el portavoz del Ejecutivo regional, Martín
Marrero, quien dijo en rueda de prensa posterior a la reunión del
Consejo de Gobierno que los servicios jurídicos argumentan dicha
petición en que puede haber defectos en el aval presentado por el
demandante de este caso, el empresario Rafael Bittini.
El Gobierno entiende que estos defectos son de carácter técnico y
se refieren, entre otras cuestiones, a una cuestión de plazos, pues
hay "un cierto desfase" entre el depósito y la constitución del
aval, lo que puede generar un riesgo "impropio" para la entidad
pública.
También considera el Ejecutivo canario que el aval debe tener una
duración indefinida, y no de 10 años como pide el demandante, y
Martín Marrero recordó que la Comunidad Autónoma hasta ahora no se
había enfrentado a una situación así.
Añadió que los servicios jurídicos y el consejero de Economía y
Hacienda, José Manuel Soria, trabajan "en todas las posibilidades
para explorar" cómo debería ser el pago de la citada cantidad y en
todo caso, advirtió de que debe ser el Tribunal Supremo el que se
pronuncie sobre el fondo de la cuestión cuando dictamine sobre el
recurso presentado por la Comunidad Autónoma.
En cuanto al pago, se intentará extraer "la mayor cantidad
posible" del presupuesto autonómico en vigor "teniendo en cuenta que
en ningún momento el Gobierno canario cambiará sus objetivos
prioritarios en materia de educación, sanidad y asuntos sociales",
dijo su portavoz.
De hecho, el Gobierno advertirá al TSJC de que se debe mantener
los servicios públicos esenciales, máxime en una situación de
crisis, por lo que el tribunal debe propiciar una fórmula de pago
"que no sea tan estricta ni tan contundente" como se establece en la
providencia que el Ejecutivo considera "injusta".
Ello se debe, entre otros asuntos, a que concede un plazo
bastante corto para el pago, quince días del que ahora quedan diez.
Marrero precisó además que el Gobierno no negocia con el
empresario Rafael Bittini excepto "en el ámbito jurisdiccional",
recordó que este litigio se remonta a hace dieciséis años y expresó
la convicción del Ejecutivo de que su recurso de casación será
admitido por el Tribunal Supremo.
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ESTO ES UNA ESTAFA AL GOBIERNO CANARIO Y AL PUEBLO CANARIO HECHO POR ABOGADOS JUECES Y LA EMPREZA CABO VERDE, TODOS LOS QUE INTERVIENEN EN ESTE CASO SON PENINSULARES DEPREDADORES DEL PUEBLO CANARIO