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Las Palmas de Gran Canaria/ El magistrado del Juzgado de Instrucción número 11
de Madrid, Juan Javier Pérez, está al frente de un proceso complejo y
envuelto en la polémica por las filtraciones de informes e imágenes
relativas a la catástrofe que costó la vida a 154 de las 172 personas
que iban a bordo del vuelo JK5022 de Spanair.
En estos momentos, el juez mantiene desde el pasado
16 de octubre de 2008 la imputación por un delito de homicidio -en el
caso de las 154 muertes- y lesiones imprudentes -por los 18 heridos- al
jefe de mantenimiento de Spanair en el Aeropuerto de Barajas y a uno de
los técnicos que asistió al avión el 20 de agosto de 2008, cuando
regresó a la plataforma desde cabecera de pista al detectarse una
temperatura inusual en la sonda de temperatura exterior (RAT).
A un segundo técnico, llamado a declarar ese mismo día, se le levantó
la imputación un mes después al considerar el magistrado que su trabajo
en la reparación de la avería en la sonda de calentamiento fue
"meramente auxiliar".
Sin embargo el juez se ha encontrado con todo tipo de dificultades para
poder llevar a cabo su trabajo a lo largo de estos últimos doce meses.
Sin que hubiera pasado un mes tras el accidente, el 18 de septiembre,
varios medios de comunicación hicieron públicas las imágenes captadas
por una de las cámaras de Aeropuertos España y Navegación Aérea (Aena)
que mostraban cómo el MD-82 caía a tierra tras despegar y se incendiaba.
Fue el comienzo de una cadena de filtraciones que dificultan el proceso
legal para esclarecer las causas, y que se inician dos días antes, el
16 de septiembre, cuando varios periódicos publicaron extractos del
borrador preliminar de la Comisión de Investigación de Accidentes e
Incidentes de Aviación Civil (Ciaiac). En esos informes ya se apuntaba
la posibilidad de un fallo en los slats y los flaps, alerones
necesarios durante el aterrizaje y el despegue para mejorar la
sustentación de la aeronave.
Estas circunstancias propiciaron la dimisión del representante del
Sindicato Español de Líneas Aéreas (Sepla) que formaba parte de la
Comisión de Investigación, que de forma paralela a la instrucción del
juez, trata de esclarecer las causas que provocaron la caída del
aparato. Estos hechos llevaron a Juan Javier Pérez a ordenar la
apertura de una investigación por revelación de secretos.
AYUDA A LA UNIÓN EUROPEA
El juez instructor, ante la dificultad de encontrar peritos
independientes en España, acudió el pasado mes de abril a la Unión
Europea (UE) para solicitar asesoramiento técnico con el que poder
esclarecer las causas del accidente.
La Agencia Europea de Seguridad Aérea (Easa) rechazó finalmente
elaborar el informe argumentado que ese tipo de peritajes estaban fuera
de sus competencias. Con todo, la comisión de investigación conformada
en diciembre continuó con su trabajo de investigación, integrada por
dos pilotos, dos mecánicos, dos ingenieros superiores aeronáuticos y
dos ingenieros técnicos aeronáuticos.
Esa comisión dio a conocer su informe preliminar el pasado lunes, en el
que hablan de dos errores humanos y al menos un fallo técnico de la
aeronave como posibles causas del accidente. Se trata del segundo
informe pericial, tras la publicación del primero en el mes de octubre
pasado, y en el que se exoneraba a los pilotos de responsabilidad
alguna en el accidente del avión.
Mientras esto ocurría, los supervivientes del JK5022 también han pasado
en calidad de testigos por los juzgados a prestar declaración. Ellos
han exigido en todo momento en su declaración ante el juez, "saber la
verdad sobre lo que pasó, por qué pasó y que cosas se hicieron mal para
que no vuelva a pasar".
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