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Tenerife/ José Antonio Valbuena, portavoz del Grupo Socialista en el Cabildo Insular de
Tenerife, ha lamentado que el consejero regional de Economía y Hacienda y
presidente del Partido Popular (PP) en Canarias, José Manuel Soria, amague con
“recortar en la prestación de servicios públicos como primera consecuencia del
pago de la indemnización por la gigantesca chapuza jurídica y administrativa de
la montaña de Tebeto”. Para el portavoz socialista, “este anuncio se hace con el
único interés de enviar un mensaje de salvaguarda a una porción considerable del
electorado del PP”.
Valbuena dice, en un comunicado, que “es triste, y
alarmante, la sensación que da el Gobierno de Canarias de que no se contemplan
más alternativas que reducir las prestaciones y la financiación de los servicios
públicos para poder hacer frente al pago de Tebeto”. Por ello se muestra
preocupado porque, según afirma, “esta indemnización será un descalabro
financiero que repercutirá, inevitablemente, en las transferencias a los
Cabildos y a los Ayuntamientos, que ya sin Tebeto están pasando unos apuros ante
los que el Gobierno de Canarias ni siquiera se conmueve”.
José Antonio
Valbuena le sugiere al Ejecutivo autonómico “que se plantee otros recortes en
los que la atención de los derechos básicos de los ciudadanos no se vea mermada;
ejemplos no faltan, desde reducir la ingente tropa de personal de confianza que
se multiplica por las distintas Consejerías, hasta suprimir la Policía
Autonómica, que no es más que un capricho caro, o reconsiderar infraestructuras
de utilidad dudosa, como la Vía Exterior”.
“Desde el Gobierno de Canarias
se pretende dar la sensación de que esta sentencia castiga directamente a los
ciudadanos", agrega, "cuando a quienes se está sancionando es a los responsables
políticos de este desaguisado, a quienes tomaron una serie de decisiones con
total despreocupación hacia sus consecuencias”. Por último, asegura que “el
castigo a los ciudadanos se lo está dando un Gobierno de Canarias cada vez más
insolidario y más escorado hacia la peor derecha posible”.
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Me explico, es un asunto que nace hace muchísimos años y que resulta extraño desde el principio. Te doy, no usas, te digo que con otros, vendes, te compro, te quito, te digo que sí, ahora que no, la Consejería otorga, el Planeamiento niega…. Y finalmente el afectado aparece ante el TSJC y reclama que qué hay de lo que ha dejado de ganar en todo ello…., nadie se opone a su pretendida valoración económica y la sala le concede lo que reclama.
Llegado el momento de afrontar el pago surgen todo tipo de comentarios de parte - de partido, de magistrados, informaciones partidistas…. - un caos de acusaciones cruzadas que no deberían hacernos perder de vista lo fundamental: ALGO HA FALLADO CLAMOROSAMENTE en la vida administrativa de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Nuestra obligación como votantes y como miembros de la sociedad en la que vivimos habría sido la de retirar del poder político a cada uno de los sucesivos cargos públicos que han intervenido de forma manifiestamente irresponsable y/o que han dejado hacer a quien no debía. La labor fiscalizadora de la sociedad civil ha fallado, la de los grupos de la oposición política del Gobierno Autónomo también y, en estos momentos igualmente noto la falta del CLAMOR POPULAR reclamando en las calles a los políticos, funcionarios y técnicos que por acción o por omisión han sido responsables de este triste resultado.
Todo ello sin olvidar que resulta inexplicable que a estas alturas no haya habido una intervención de oficio por parte de la Fiscalía Anticorrupción para desentrañar las claves de esta operación que tiene indicios más que sobrados de asalto-consentido a las cuentas públicas y que, desde el Gobierno de la Nación, no se hayan pedido explicaciones por este y otros muchos ASUNTOS DOMÉSTICOS de todo punto intolerables en un estado democrático riguroso en el que desearíamos vivir.
Somos lo que consentimos!