Hasta ella han llegado en último lugar el presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y la vicepresidenta María
Teresa Fernández de la Vega, quienes se incorporaron a la reunión
tras asistir al funeral oficiado en memoria del cabo isleño Cristo
Ancor Cabello, fallecido en Afganistán el pasado miércoles.

Un funeral que, presidido por el Príncipe de Asturias, se llevó a
cabo en la base militar General Alemán Ramírez de la zona de La
Isleta, donde también estuvo la ministra de Defensa, Carme Chacón,
que, sin embargo, no se dirigió luego a la Delegación del Gobierno
junto a presidente y vicepresidenta debido a inesperados problemas
de salud, según confirmaron fuentes gubernativas.
La reunión del Consejo se celebra también con la ausencia de
otros dos ministros: la de Vivienda, Beatriz Corredor, que se
encuentra en Washington; y el de Industria, Comercio y Turismo,
Miguel Sebastián, que viajo a Berlín hoy.
Jornada en la que, mientras se espera por que los presidentes
estatal y autonómico, José Luis Rodríguez Zapatero y Paulino Rivero,
desvelen al término de la sesión las inversiones y los proyectos
concretos que implicará el Plan Canarias, la cita del Consejo de
Ministros ha tenido ya otras repercusiones en la vida cotidiana de
muchos ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria.
Ciudadanos que han visto transformarse la fisonomía habitual del
entorno de la Delegación del Gobierno y su vecina Plaza de La Feria
merced al cierre al tráfico de las calles aledañas, acometido en el
marco de las medidas de seguridad programadas para la ocasión, que
incluyen un amplio operativo policial que desde horas antes de la
reunión acordona la zona.

Tampoco ha dejado indiferentes a curiosos y a algún colectivo con
problemas la visita del Consejo de Ministros, que se traslada a
Canarias por tercera vez en la historia de la democracia después de
otras dos reuniones que convocó cuando era presidente del Gobierno
José María Aznar, del Partido Popular.
De hecho, no han faltado quienes se han parado a observar lo que
pasaba en el entorno de la Delegación el Gobierno desde el límite
del cordón policial, hasta el que se acercaron también, a la llegada
al lugar de los ministros, dos mujeres que, enarbolando una
pancarta, protestaban por los efectos de un medicamento contra la
menopausia y pedían tratamientos costeados con fondos públicos.
Ya que, según aseguró una de ellas, Francisca Gil, dicho
medicamento, denominado Agreal Veraliprida y retirado del mercado en
2005, estuvo veintidós años a la venta en España con un prospecto
que carecía de la información sobre el tiempo de toma y sus posibles
efectos secundarios.