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Canarias/ En un comucicado de FEDECO y CORECO informan que en pleno trámite parlamentario de la "polémica" nueva ley de comercio que sustituirá a la actual legislación comercial, "que no ha contado con ningún apoyo de los agentes económicos y sociales", la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, ha dictado Sentencia mediante la cual, ha confirmado la legalidad del Decreto 232/2005, por el que se regula la licencia comercial específica.
Esta
Sentencia viene a confirmar la legalidad de este Decreto, cuestionado por las
tiendas de descuento duro y que ha impedido en la práctica, su instalación
desde 2005, en base a una Disposición Transitoria que sometió este tipo de tiendas
a obtener una previa licencia en base a los criterios de ese mismo Decreto.
Según comentan las federaciones "debe
recordarse que en la tramitación de este Decreto, el actual Director General de
Comercio, Arturo Cabrera, se opuso frontalmente a incluir esta Disposición
Transitoria propuesta por las patronales CORECO y FEDECO, tachándola de ilegal
y criticando a estas organizaciones y a su servicio jurídico. Su no inclusión
hubiere llegado a la instalación de más de doce tiendas de descuento duro en
Canarias. Al final, esta Disposición Transitoria se llevó a efecto, por orden
de la Consejera
de Comercio de ese momento, Marisa Tejedor, previo informe favorable del
Servicio Jurídico de la Comunidad Autónoma".
Este
Decreto y su Disposición Transitoria fue recurrido, asistiendo al juicio por la
defensa, la Confederación
CORECO, a través de su abogado, Carlos Ravelo, dictándose
esta Sentencia que viene a confirmar la legalidad, tanto del Decreto, como de
esta Disposición Transitoria.
Terminan afirmando que "aunque
esta victoria pueda considerarse como pírrica, al estar ya tramitándose una ley
que sustituirá a la actual normativa de comercio, promovida por Arturo Cabrera
en contra de las alegaciones de empresarios, sindicatos, consumidores o Cámaras
de Comercio e incluso del Dictamen del Consejo Económico y Social, lo que viene
a demostrar que las patronales tenían razón en 2005 con la legalidad de este
Decreto que permitió, pese al Director General de Comercio, defender los
intereses de las pymes canarias durante cuatro años".

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