 La Palma/ Los afectados por el incendio del pasado verano en La Palma tienen prisa por
recibir las ayudas, hasta el punto de que reconocen sentirse "indignados y
cabreados" por la lentitud del proceso.
Este viernes se tramitaban los últimos
expedientes de reclamación de los perjudicados por el siniestro en los
municipios de Mazo y Fuencaliente. El alcalde de esta última localidad, Gregorio
Alonso (CC), asegura que “la maquinaria de la Administración es lenta”, aunque
ya se han tramitado “121 expedientes de viviendas, 17 de industria y otros de
turismo y vehículos”.
A estos expedientes hay que añadir los tramitados este viernes, entre ellos “112 ayudas a inmuebles, 101 de enseres y 12 a
viviendas”, cuyo plazo expira el 9 de noviembre. Otras propuestas de ayuda que
también eran enviadas corresponden a industria y comercio, que “salen en plazo”,
que se cierra el 16 de noviembre.
Según el alcalde de Fuencaliente, el
Ayuntamiento “ha retirado 370 toneladas de escombros, se han realizado
peritaciones además de pequeñas actuaciones y ayudas de primera necesidad además
de alquileres de vivienda que no les ha costado ni un duro” a los afectados. A
esto habría que añadir la participación de voluntarios y empresas privadas que
también han participado en un intento por devolver la normalidad al
municipio.
Sin embargo, en la plataforma Más nunca se sienten “indignados
y cabreados” por no haber recibido las ayudas prometidas por el Gobierno. El
portavoz del colectivo en La Palma, Eduardo Pérez Camacho, asegura que “sólo
hemos recibido las ayudas de los ciudadanos de a pie que han colaborado metiendo
dinero en una urna o comprando entradas para un concierto o para una
cena”.
Entre las instituciones que han colaborado con los afectados están
el CD Tenerife (22.000 euros) que fueron repartidos al 50 por ciento entre el
municipio de Fuencaliente y Caritas Diocesana; las artesanas de la Isla (3721
euros), Cajacanarias o algunas luchadas que se han realizado en el municipio de
Mazo. Desde el Cabildo de La Palma existe tienen el compromiso, adquirido hace
un mes, de un fondo que será abonado próximamente.
Pero cuando más
incómodos se muestran los afectados es cuando se les pregunta por las ayudas
estatales. Eduardo Pérez asegura que “tres meses después han llegado las ayudas
del Gobierno de Canarias y que repartió el Ayuntamiento, entre 150 y 300 euros”.
Pero todavía esperan la aportación supuestamente inmediata que, aseguran, tienen
una letra pequeña que las hace prácticamente ineficaces.
“Hay muchos
casos de personas que tenían una segunda vivienda que la habían comprado para un
futuro o heredado y reformado”, cuenta el portavoz Más Nunca. “El Estado les
dice que en esos casos no van a colaborar ni a aportar ninguna ayuda”, lamenta
Eduardo Pérez, que apunta que “dependiendo de la renta dan más o menos” y han
generado muchas dudas", ya que “siempre hay una letra pequeña para intentar
darte lo menos posible”. Así, asegura que “la gente de Gran Canaria ya nos avisó
en las reuniones de lo que iba a ocurrir” y sienten que sucederá lo mismo,
incluso algunos dan por perdidas las ayudas.
La incertidumbre parece
extenderse entre los afectados ante una burocracia lenta que no despierta la
confianza de los afectados. Tras el anuncio del Ayuntamiento de la tramitación
de los expedientes, cabe esperar el proceso que requiere la administración para
hacer llegar las ayudas prometidas a los afectados.
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