 Canarias/ La reforma del código penal, tipificando como delito con penas de cárcel
conducir sin el permiso de conducción o habiendo perdido el saldo total de
puntos del carné, a velocidades excesivas o bajo los efectos del alcohol, ha
generado más de 5.000 nuevos asuntos penales en los juzgados canarios.
Así lo informó este miércoles el presidente del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias (TSJC), Antonio Castro Feliciano, durante la presentación ante la
comisión de Gobernación, Justicia y Desarrollo Autonómico de la Memoria Judicial
del año 2008.
Según Castro Feliciano, en los juzgados de instrucción y
de lo penal de las Islas, la entrada en vigor de la modificación del código
penal sobre el código de circulación se ha saldado “con un crecimiento
considerable de los asuntos”.
En la provincia de Las Palmas tuvieron
lugar 5.638 casos, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife 5.122, lo que
supone casi 5.000 nuevos asuntos con respecto al mismo período del año anterior,
cifra que se supera con los registrados en los juzgados de Puerto del Rosario en
Fuerteventura y Arrecife en Lanzarote, que registraron más de 700 nuevos casos.
Ante estas estadísticas, la diputada de Coalición Canaria (CC), Flora
Marrero, quiso saber por qué se dan "diferencias significativas" con las
aportadas por la Delegación del Gobierno. Al respecto, reconoció que los datos
"no se contrastan", sino que se fian de los funcionarios judiciales.
"Posiblemente hablamos (el TSJC) de un número considerano delitos y faltas y a
lo mejor la Delegación se refiere sólo a los delitos, no lo sé", respondió.
Hay que recordar que con esta reforma, conducir "habiendo sido privado
judicial o administrativamente del derecho a hacerlo", o cuando el permiso se
encuentre suspendido o retirado, supondrá penas de prisión de tres a seis meses
o con multas de 12 a 24 meses y trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90
días.
Por otra parte, se considerará delito superar en 50 kilómetros por
hora el límite fijado en vía urbana, o en 70 kilómetros por hora el de vía
interurbana. En este caso, el conductor será castigado con penas de prisión de
tres a seis meses o multas de seis a 12 meses, y trabajos en beneficio de la
comunidad de 31 a 90 días.
Con las mismas penas será condenado quien
circule bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias
psicotrópicas o bebidas alcohólicas. Se impondrán dichas penas a quien circule
con tasa de alcohol en sangre superior a 1,2 gramos por litro.
CRISIS Y
CONCURSOS DE ACREEDORES
Otro de los aumentos significativos de la carga
de trabajo que soportan los juzgados canarios tiene que ver con la crisis
económica, ya que Castro Feliciano indicó que si en 2007 el número de concursos
de acreedores resueltos en los únicos dos juzgados de lo mercantil (uno por
capital de provincia) fue de 61 en 2008 fue justo del doble, es decir, 122.
La tendencia parece seguir al alza y doblar esta cifra, ya que durante
el primer semestre de 2009 casi se ha alcanzado una cifra similar con 113
concursos de acreedores, 71 en la provincia de Las Palmas y 42 en la provincia
de Santa Cruz de Tenerife. Tal es la carga de trabajo que Castro Feliciano
recordó que se ha creado un juzgado de lo mercantil número dos en Las Palmas de
Gran Canaria.
A pesar de esta alta carga de trabajo impuesta por la
reforma del código penal y la crisis el presidente del TSJC destacó que 2008 se
produjo una “alta tasa de resolución” de asuntos, que es el resultado del
cociente entre los asuntos resueltos y asuntos ingresados, con un 0,97 “sólo
superada por Aragón” y situada entre los 5 primeras comunidades autónomas del
Estado.
Así, la tasa de pendencia (asuntos pendientes) se sitúa en el
0,37, lo que supone en palabras de Castro Feliciano que se está produciendo una
“evolución favorable” ya que siguen descendiendo los asuntos pendientes. En
concreto, de 447.822 asuntos del total de asuntos ingresados se resolvieron
404.007, por lo que quedan pendientes un el 4,09% por ciento. No obstante, el
objetivo del TSJC es que la pendencia se acerque al 0,30 que es la media
nacional.
El presidente del TSJC resaltó que la tasa de ligitiosidad
(presentación de asuntos por los ciudadanos) es de las más altas del Estado, con
210,09 por cada 1.000 habitantes, tasa sólo superada por Andalucía, Valencia y
Madrid. La media nacional es 197 por cada 1.000 habitantes.
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