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 Canarias/ El PSC-PSOE, a través de su portavoz parlamentario, Santiago
Pérez, advierte de que la capacidad para llevar a cabo expropiaciones “no es un
látigo en manos del Gobierno, como parece creer el vicepresidente José Manuel
Soria”, y subraya que para amedrentar a los propietarios u otras finalidades, el
Ejecutivo autonómico “no puede utilizar esa potestad expropiatoria, porque sería
ilegal”.
El portavoz parlamentario realiza estas manifestaciones después
de que el vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda, José Manuel Soria,
haya advertido a los empresarios canarios que han demandado una compensación en
función de la llamada segunda moratoria de que expropiará el suelo si no
negocian esas reclamaciones.
“Lo que está ocurriendo es que CC y PP, a golpe de
improvisación, como con la Ley de Medidas Urgentes, están complicando aún más
nuestro sistema legislativo en materia de ordenación del territorio y medio
ambiente, en lugar de contribuir a simplificarlo y a clarificarlo”, señala el
portavoz, quien muestra su preocupación por este asunto “ante la envergadura
económica de esas expropiaciones” e insiste en que la capacidad para expropiar
que esta misma ley atribuye al Gobierno “está enmarcada en justificaciones y
condicionamientos muy específicos”.
Pérez recuerda que la Ley de Medidas Urgentes en materia de
ordenación del territorio, aprobada en la pasada primavera con el voto favorable
del PP y CC y en contra del PSC-PSOE, reconoce a aquellos empresarios o
propietarios que disponen de suelo con destino total o parcialmente turístico,
es decir, suelo clasificado como de uso turístico, solicitar su desclasificación
y a cambio recibir una indemnización, conservando la propiedad de ese suelo y no
descartándose que en un futuro vuelva a ser clasificado como suelo
turístico.
En este sentido, indica que muchos propietarios, sobre todo en
Gran Canaria, han solicitado esa indemnización por cuantías multimillonarias,
“pero el vicepresidente, en un gesto amedrentador, les advierte de que si no se
avienen a negociar con el Gobierno la cuantía de esas indemnizaciones que la ley
les reconoce el derecho a solicitar y obtener, puede expropiarles”.
Así, considera que esa capacidad expropiatoria “está
establecida en relación a un fin muy preciso: cuando esos propietarios pidan que
su suelo se desclasifique y no continúe siendo suelo turístico, sino rústico de
protección territorial, entonces el Gobierno podría optar por expropiarles, pero
para mantener la clasificación del suelo como turístico”. Por tanto, hace
hincapié en que esa capacidad expropiatoria que la propia Ley de Medidas
Urgentes atribuye al Gobierno “no puede ser un látigo en manos de Soria ni de
Paulino Rivero, ni una herramienta para amenazar con el recorte de derechos
indemnizatorios que la propia ley les reconoce a los propietarios”.
Santiago Pérez explica que, en consecuencia, el precio de la
expropiación “será muy elevado, porque la finalidad de esa expropiación es
mantener el uso turístico de ese suelo mientras que el problema para la hacienda
pública es infinito”. Para finalizar, el portavoz socialista señala que el
Gobierno, “mediante la amenaza, trata de hacer un remiendo a sus improvisaciones
legislativas, porque ha caído en la cuenta de que a los dueños de suelo con
destino turístico les viene muy bien pedir una alta indemnización, conservando
la propiedad del suelo, por aplazar una inversión que la propia crisis impide o
dificulta”.
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