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Arrecife/ El empresario Fernando Becerra Robayna, imputado en el "caso Unión" por un
presunto delito de cohecho, ofreció al parecer al actual secretario general del
PSOE de Lanzarote y consejero del Cabildo, Carlos Espino, compartir una comisión
ilegal a cambio de "desbloquear" el desarrollo del proyecto urbanístico Costa
Roja, situado en Playa Blanca, Yaiza, y denunciado por la Corporación
insular.
Así figura en el sumario del caso "Unión", que consta de más de
10.000 folios, al que tuvo acceso hoy EFE y cuyo secreto fue levantado
parcialmente el pasado viernes día 11 por el magistrado César Romero
Panparacuatro, titular del Juzgado de Instrucción número cinco de
Arrecife.
La Guardia Civil considera en su informe que Fernando Becerra,
que fue detenido y permaneció en prisión por esta causa "no es más que un mero
intermediario" del empresario y abogado lanzaroteño Luis Lleó, promotor de la
urbanización Costa Roja.
Lleó, que también está imputado en este caso y
abandonó la prisión el pasado fin de semana tras permanecer interno varios
meses, proyectaba en Costa Roja la construcción de más de mil viviendas en la
localidad turística de Playa Blanca, en el municipio de Yaiza.
El
consejero del Cabildo Carlos Espino denunció el 4 de junio de 2008 ante la
Guardia Civil "haber sido objeto de un ofrecimiento de pago de comisiones
ilegales a través de Fernando Becerra para favorecer los intereses inmobiliarios
de Luis Lleó, en cuyo nombre decía siempre hablar".
Espino aportó en su
denuncia ante la Guardia Civil una grabación que él mismo realizó a Fernando
Becerra durante una de las conversaciones mantenidas entre ambos.
En el
sumario se recoge que Becerra le indicó a Espino que el desbloqueo del proyecto
Costa Roja podría consistir en "dejar transcurrir determinado plazo para emitir
un informe vinculante", en cuyo caso, y por silencio administrativo, el informe
se entendería en sentido positivo y propuso una eventual retirada de la demanda
administrativa o querella penal ya presentadas.
Para ello, Becerra
propone a Espino tomar como base de esa hipotética retirada de los pleitos
judiciales algún informe jurídico que argumentara que el procedimiento (
interpuestos por el Cabildo contra el proyecto de Costa Roja) tenía "escasas
perspectivas de éxito".
Como compensación por el desbloqueo del proyecto
urbanístico, Becerra ofreció al consejero del Cabildo un 2.5 por ciento de los
beneficios que resultasen de la venta del suelo una vez
desarrollado.
Becerra cifró el valor de la venta en unos 3.000 mil
millones de las antiguas pesetas (unos 18 millones de euros) en base a una
oferta de compra que al parecer ya sería firme.
Según consta en los
autos, Becerra explicó incluso a Espino el procedimiento para hacerle llegar el
dinero de la supuesta comisión ilegal que le ofreció.
Según el informe
elaborado por la Guardia Civil, Becerra asumiría el papel de testaferro de
Espino de tal manera que en su propio nombre o utilizando alguna de sus
sociedades adquiriría el 5 por ciento de las participaciones sociales de alguna
de la empresa de Luis Lleó, que sería la beneficiaria de la venta de los
terreno.
Posteriormente, Becerra vendería a Carlos Espino la mitad de las
participaciones así adquiridas, es decir el 2'5 por ciento, pero esta vez
mediante contrato privado, que en su momento sería elevado a público, lo que
garantizaría la llegada del dinero.
Según consta en una grabación
incorporada al sumario, Fernando Becerra se permite incluso detallar cómo se
llevaría a cabo el pago final, aludiendo que se haría en alguna cuenta bancaria,
pero no de España, sino de Suiza.
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