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Arrecife/ El Gobierno de Marruecos se mantiene inflexible ante la presión de España y de
la comunidad internacional para dar con una salida al caso de la activista
saharaui Aminatu Haidar cuando se cumple mañana un mes desde que decidió ponerse
en huelga de hambre en el aeropuerto de Lanzarote.
Ante los llamamientos
de los Gobierno de España, Francia y Portugal, así como del secretario general
de la ONU, Ban Ki-moon, el ministro de Estado marroquí, Mohand Leanser, ha
asegurado hoy que Rabat "no puede abdicar de sus intereses, ni de sus
derechos",
"Desgraciadamente, España, Canarias y Marruecos son víctimas
de la posición de Aminatu Haidar, que ha declarado delante de todo el mundo que
quiere hacer pagar a España y a Marruecos la falta de apoyo a la causa
saharaui", ha manifestado Leanser en Santa Cruz de Tenerife después de reunirse
con parlamentarios canarios.
Aunque ha subrayado que su país hará todo lo
posible por salvaguardar los intereses de España y Marruecos, ha reiterado que
la responsabilidad es de Haidar, con la complicidad de Argelia y el Frente
Polisario.
Haidar cumplirá mañana un mes desde que inició la huelga de
hombre en protesta por la decisión de Marruecos de expulsarla de El Aaiún, la
capital del Sahara Occidental, y obligarla a volar a Lanzarote.
La
activista asegura estar con "muchas ganas para seguir" su protesta" después de
las visitas recibidas durante las últimas horas, aunque su estado físico sigue
siendo preocupante.
Haidar pesa 57,6 kilos, como se pudo ver cuando hoy
se subió a la báscula electrónica de la farmacia del aeropuerto, aunque se
desconoce lo que pesaba cuando comenzó su ayuno.
Tras pesarse después de
dos semanas sin hacerlo, la activista fue llevada en silla de ruedas a otras
instalaciones del aeropuerto con el fin de darse una ducha, para lo cual tuvo
que pasar un control de la Guardia Civil.
Mientras Haidar continúa
empecinada en seguir su protesta hasta el final, el ministro de Asuntos
Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, le ha instado a dejar su huelga de hambre
tras reunirse en Washington con la secretaria de Estado estadounidense, Hillary
Clinton, quien no ha querido hablar del caso.
Moratinos ha insistido en
que no está prevista la mediación del Rey para tratar de convencer a Mohamed VI
y en que el Gobierno seguirá dirigiendo las gestiones y tratando de crear una
atmósfera propicia para resolver el conflicto del Sáhara Occidental.
El
secretario general de la ONU se ha sumado al llamamiento para que Marruecos
tenga una "consideración especial" en este caso y adopte una "postura favorable
y positiva".
Francia y Portugal también han exhortado al país magrebí a
que facilite una solución, mientras el presidente de la República Árabe Saharaui
Democrática (RASD), Mohamed Abdelaziz, ha pedido a la reina de Inglaterra Isabel
II y al presidente ruso, Dmitri Medvédev, que hagan lo propio para permitir a
Haidar volver con su familia.
El caso de la activista llegará mañana al
Congreso con el debate de una proposición no de ley del PSOE.
Ni el PP ni
los grupos minoritarios han anticipado cuál será su voto, aunque el PSOE ha
aceptado una mención al reconocimiento del derecho de autodeterminación del
pueblo saharaui, como reclamaban IU, ERC y BNG.
Coalición Canaria exige
que la UE paralice el estatuto avanzado que firmó con Marruecos en octubre de
2008 hasta que se resuelva el caso.
El PP pone como condición que el
Gobierno explique las irregularidades que, a su juicio, se cometieron al
permitir la entrada en España de Haidar después de que Marruecos le quitara el
pasaporte.
El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha
reiterado que la Policía "hizo su trabajo" y "aplicó la ley", "sin
interferencias de nadie".
Rubalcaba ha rechazado que el Gobierno haya
culpado a las Fuerzas de Seguridad de permitir la entrada de Haidar y que, por
tanto, no ha puesto en tela de juicio su actuación.
Respecto al debate de
si se podría obligar a Haidar a ser alimentada, la Organización Médica Colegial
ha afirmado que si un juez lo decretara, el facultativo podría optar por la
objeción de conciencia y respetar la voluntad de aquella persona.
El
ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha repetido que serán los jueces los
que lo determinen a partir de los pertinentes informes forenses.
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