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Lanzarote/ Los concejales del PIL Ubaldo Becerra y José Miguel Rodríguez llegaron a pedir y
a cobrar comisiones de hasta el veinte por ciento a algunos empresarios a los
que habían concedido obras públicas. Según se refleja en el sumario de la
Operación Unión, los concejales exigían esos pagos para abonar a su vez las
facturas pendientes del Ayuntamiento de Arrecife con esos empresarios, según la
investigación policial y las declaraciones de algunos imputados.
Lo
recaudado sería para el partido, para el PIL, según consta en dichas
declaraciones y según admiten algunos de los detenidos, como Matías Curbelo que
reconoce que Dimas Martín estaba al tanto de todas las cantidades.
Uno de
estos empresarios fue Antonio Gómez Ruiz, de Las Palmas. Se le concedieron
varias obras menores en Arrecife, entre ellas el encargo de las flores de pascua
u obras en el parque temático. Reconoce en su declaración que le exigieron el
veinte por ciento para dejar de retenerle los pagos pendientes.
Admitió
haber pagado a Becerra y Rodríguez en total 20.000 euros en dos pagos, uno en
Las Palmas y uno en Arrecife. Dejaba un maletín en el suelo y ellos lo recogían,
según su declaración.
Según el sumario, también se le exigió el veinte
por ciento a José Antonio Castellano, que denunció esta petición a la Guardia
Civil y que sirvió de ‘cebo’ para la operación policial. Luego se le rebajó la
exigencia hasta el 8 por ciento. El Ayuntamiento le debía casi 100.000 euros.
A Jesús Martín Brito, de la empresa Infogelanz, también le exigieron el
veinte por ciento, aunque el empresario reconoce que se negaba y pagaba el
quince por ciento. Hizo varias obras, también en el parque temático, en la
pescadería municipal o en la calle El Rafael. Declaró haber pagado a Rodríguez
cinco veces y hasta un total de unos 100.000 euros.
En el sumario consta
un extracto de la cuenta bancaria de su hermana en la que el Ayuntamiento de
Arrecife ingresó cerca de 1.100.000 euros ente el 26 de septiembre de 2007 y el
27 de abril de 2009.
Por último, otro de los empresarios a los que se le
pidió el veinte por ciento es Manuel Reina Fabre. En este caso le pidieron el
veinte por ciento por las obras de la perrera y del balneario. Admitió haber
pagado unos 4.000 euros por la primera y que se negó a pagar la segunda
comisión.
Hay que recordar que además de a estos empresarios, la Guardia
Civil ha detectado varios pagos más y considera que varios miembros del PIL,
encabezados por Dimas Martín, formaban una asociación ilícita para el cobro de
comisiones.
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