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S/C de Tenerife/ El hecho de que la polémica del PGO no ha terminado lo demuestra no sólo la
manifestación de ayer por las calles de Santa Cruz, sino la aparición de nuevos
argumentos más allá de las viviendas declaradas fuera de ordenación. Es el caso
del cambio de uso de residencial a industrial en el espacio que hoy ocupa la
refinería de Cepsa.
Así lo ha defendido el abogado y portavoz de
Alternativa Sí Se puede, Pedro Fernández Arcila, que ha considerado que puede
provocar la devolución del texto al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por
parte de la Cotmac. Además con la obligación de que se abra un nuevo período de
exposición pública.
El cambio de uso del suelo que ocupa la instalación
de Cabo Llanos de residencial a industrial fue una de las condiciones impuestas
por el PP para dar su voto afirmativo al PGO. Una circunstancia que apenas fue
objeto de debate el pasado 4 de enero en la sesión que dio el visto bueno al
documento, pese a que fue criticada y cuestionada por parte de socialistas y,
sobre todo Ciudadanos de Santa Cruz.
Según esgrime Arcila, esta
circunstancia es suficiente para que la Cotmac considere que existene
modificaciones susceptibles de afectar al interés público. Alternativa Sí Se
Puede presentará escritos advirtiendo a la Cotmac de la situación, toda vez que
entiende la modificación de uso como un cambio de criterio en lo que a la
expansión de la ciudad se refiere.
La primera redacción del nuevo Plan
daba al espacio de Cabo Llanos un uso industrial con fecha de finalización 2015,
momento en que pasaría a ser cien por cien residencial. De ahí el concejal de
Ciudadanos de Santa Cruz Ángel Isidro Guimerá exigiera que el uso industrial de
la Refinería quedara, como miles de viviendas de la capital, fuera de
ordenación.
ARGUMENTOS
En otro sentido, el portavoz socialista en
el Parlamento de Canarias, Santiago Pérez, defendió que existen argumentos
jurídicos sobrados para obligar al Ayuntamiento a dar marcha atrás. Pérez basó
su argumentación en uno muy concreto, el interés general.
“Se trata de
un recorte de derechos de propiedad, una merma, así que el que invoca el interés
general, que es el Gobierno Local, tiene que justificarlo. El interés general no
es un chicle y tendrán que explicar por qué está conforme con el interés general
la declaración de fuera de ordenación de miles de edificios y al mismo tiempo el
incremento de edificabilidades de otras construcciones en otros terrenos de las
mismas zonas”, argumento el también profesor de Derecho de la Universidad de La
Laguna.
Además, amparándose en que existe perjuicio económico en el
patrimonio de los titulares las viviendas que el planeamiento deja fuera de
ordenación, consideró que éstos han de ser indemnizados. “Si no es así, ocurre
que a algunos se les regala más edificabilidad y por tanto incremento en el
valor de su patrimonio. Eso es arbitrariedad y la Constitución prohíbe su uso
por los poderes públicos”, concluyó.
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Yo compré mi piso de nueva construcción después del 2ooo.
Una de dos, o Zerolo mintió o el Ayuntamiento dejó construir mi edificio y le dio licencia al constructor sin poder hacerlo.
¿Cuál de las dos cuestiones es la verdadera? Conociendo ya al personaje de la nariz creciente, pueden ser perfectamente ambas verdad, por lo que espere daños y perjucios.