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La Guardia Civil considera, tras sus investigaciones, que los terrenos
de Costa Roja (Playa Blanca, Yaiza), por los que se investiga un
intento de soborno al consejero del Partido Socialista (PSOE), Carlos
Espino, tenían en realidad dos promotores: los empresarios Rosa y Lleó,
que consensuaban todas las decisiones.
Los terrenos iban a quedar en manos del primero, según se desprende las
conversaciones grabadas, e iban a servir para que los hoteleros
afectados por licencias ilegales comprasen parcelas para cederlas
después al Cabido como compensación por legalizar los establecimientos.
Estos terrenos, donde se proyectaba ‘Lanzarote H2’ tendrían aún un
tercer propietario. Se trata del arquitecto Ángel García Puertas, que
además se encargaría, presumiblemente, de elaborar los proyectos
arquitectónicos para las viviendas proyectadas en esa parcela de más de
un millón de metros cuadrados y que confeccionó una tabla con las
compensaciones, es decir, con las cantidades a pagar por cada uno de
los hoteleros afectados, que sumaban veinte millones. Lleó también le
insta a que sondee a esos empresarios para ver qué les parece la
propuesta.
Lleó parte de la base de que la finca es suelo urbano consolidado y
quiere meter en el nuevo Plan General de Yaiza la finca entera y
construir entre 500 y 600 viviendas y un centro comercial. En enero de
2009 es cuando se va a proponer incluir todos los terrenos en dicho
Plan.
REUNIONES
El Ayuntamiento de Yaiza inicia una ronda de reuniones con los
promotores de suelo de Playa Blanca, con la presencia del equipo
redactor, dirigido por Jorge Coderch. Lleó es convocado a una y Rosa a
otra, aunque previamente Lleó ya ha tenido una reunión con Leonardo
Rodríguez en febrero y cuenta por teléfono a un tercero su intención de
incluir “la pieza entera” de la parcela de Costa Roja.
Un día antes de las reuniones, el 3 de marzo de 2009, Lleó y Rosa
también tienen una conversación telefónica en la que quedan para
reunirse y consensuar lo que van a decir que quieren que se haga en los
terrenos de Costa Roja a los redactores del Plan. Así pues, la Unidad
Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil considera que Lleó y Rosa
son los verdaderos promotores de la operación, no sólo Lleó, y que todo
lo hacen de forma consensuada.
Rosa acude a la reunión con Coderch el 4 de marzo y gracias a una
conversación posterior con Lleó se sabe que le preguntó a Leonardo
Rodríguez sobre esa parcela pero no pudo hablar más porque se acercó
Coderch, evidenciando según los investigadores la cautela con que
quieren hacer el negocio para que no se sepa que los terrenos son de
los dos.
PARTICIPACIÓN
En esa conversación, el dueño del Hotel Princesa Yaiza reconoce que
Leonardo Rodríguez le preguntó si tenía algo que ver con esa parcela
(la de Costa Roja) y le dijo que no “porque tampoco quise decirle que
yo tenía que ver, ¿me entiendes?”, le dice Rosa a Lleó, reconociendo su
participación en los terrenos de Costa Roja. Después comenta: “yo creo
que tú debes escucharlo y luego como hayas visto tú el tema me dices a
mí algo para ya yo por detrás sé lo que tengo que hacer”
Por su parte, Leonardo Rodríguez oculta la reunión que ha convocado con
los promotores a su socia de gobierno, la entonces alcaldesa Gladys
Acuña (PIL). Dimas Martín se entera del encuentro porque se lo dice
Juan Francisco Rosa, que también le dice a que se tiene que imponer a
su hijo Fabián, socio de gobierno del PSOE, con lo de los hoteles y
decirle: “Fabián, se acabó esto ya ¿me entiendes?, no puede ser esto,
¿me entiendes?”.
La reunión que tiene Lleó con Coderch al día siguiente sale mal para
los intereses del empresario: el suelo no es urbano consolidado sino
urbanizable con uso recreativo, con lo cual la ejecución del proyecto
se complica y el terreno pierde valor.
PLAN GENERAL
En abril, finalmente, se convoca una reunión en la oficina de Inalsa de
Costa Teguise para tratar sobre el PGOU de Yaiza. Previamente se había
convocado otra en casa de Gladys Acuña, con la presencia de Dimas
Martín y Fabián Martín. A esta segunda reunión acuden Dimas Martín,
Fabián Martín, el concejal Juan Lorenzo Tavío, la alcaldesa Gladys
Acuña y el redactor del PGOU Jorge Coderch.
Esta reunión la interpreta la Guardia Civil como el intento del PIL de
influir en el redactor del Plan General y como consecuencia de las
presiones de Juan Francisco Rosa sobre Dimas Martín. La UCO refleja que
no hay que olvidar que Martín está contratado por una empresa de Rosa
para que el político lanzaroteño pudiera acceder al tercer grado
penitenciario.
Por otra parte, el 20 de mayo se celebra una reunión, la última, entre
Espino, Becerra y Lleó, en la que éste último muestra la tabla de
compensaciones y el proyecto Lanzarote H2 y dice a Espino que con el
Ayuntamiento de Yaiza se va a solucionar el asunto a través de un
convenio con el Cabido, Gobierno y los empresarios. También dice que
Rosa no es su socio pero que sí es dueño de una parte de los terrenos.
INFLUENCIA
Por lo tanto, según la Guardia Civil, Rosa, Lleó y García Puertas
habrían estado influyendo sobre los cargos públicos del Ayuntamiento de
Yaiza, directamente o a través de otras personas, para lograr que sus
terrenos se reflejen en el nuevo Plan General con “con la clasificación
urbanística más beneficiosa para sus intereses económicos”.
En el atestado de la UCO se considera que tanto estos tres empresarios
como Dimas Martín, su hijo Fabián, Leonardo Rodríguez y Gladys Acuña
pueden ser autores de un delito de tráfico de influencias.
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