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Barcelona/ La Policía Nacional ha desarticulado en
Barcelona una banda dedicada a falsificar y vender certificados de
empadronamiento para inmigrantes, a entre 1.500 y 3.000 euros, de la
que formaría parte un empleado de un ayuntamiento de Tenerife que
aún no está identificado.
Según ha informado la Policía Nacional, por su presunta relación
con la banda han sido detenidas 24 personas, lo que incluye tanto a
los extranjeros que habían adquirido los documentos falsos como a
las personas que se encargaban de realizar los duplicados y de su
posterior venta.
Entre los miembros de la banda figura presuntamente un empleado
de un ayuntamiento de la provincia de Tenerife, que era el
responsable de distribuir los documentos falsos en la comunidad
canaria y que ha sido reconocido por las víctimas de la banda.
De hecho, entre los certificados de empadronamiento que han sido
incautados por la Policía Nacional figuran documentos falsamente
expedidos por ayuntamientos de Gandía (Valencia), Tias (Lanzarote),
Azpeitia (Guipúzcoa) y Premià de Mar (Barcelona) y, principalmente,
de las localidades tinerfeñas de La Candelaria y Arna.
Los certificados falsos eran adquiridos por inmigrantes "sin
papeles" que fundamentalmente pretendían utilizarlos para obtener el
permiso de residencia por arraigo.
Por ese motivo, la banda traficaba también con informes de
inserción expedidos por servicios sociales municipales, certificado
que los extranjeros adjuntaban en algunos casos a la documentación
requerida para su regularización administrativa.
Las investigaciones que han permitido desmantelar esta red se
iniciaron el pasado verano, cuando se descubrió a un inmigrante de
nacionalidad pakistaní que había solicitado la autorización de
residencia por arraigo y aportaba un certificado de empadronamiento
falsificado del Ayuntamiento de La Candelaria de Santa Cruz de
Tenerife.
A raíz de esa investigación, los agentes descubrieron otros casos
de inmigrantes que habían presentado documentos similares
falsificados para tratar de demostrar una estancia en territorio
español superior a tres años, como requiere la normativa de
regularización.
Al parecer, el responsable de la banda era el que se encargaba de
falsificar los documentos y de distribuirlos posteriormente al resto
de integrantes de la red, que a su vez se dedicaban a captar a
potenciales compradores.
A los detenidos, de origen pakistaní, se les han incautado
impresos de empadronamiento en blanco de distintos ayuntamientos,
así como expedientes originales de regularización, pasaportes y
certificados de padrón o de arraigo social, tanto originales como
fotocopias.
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