S/C de Tenerife/ Felipe Campos, abogado y portavoz de la Plataforma contra el PGO de Santa Cruz, informó en el programa La Trapera de Radio San Borondón de la última hora del trabajo que los miembros de la Plataforma están desarrollando por los barrios, de las asambleas informativas que se desarrollan en la casa sindical de Santa Cruz y de los preparativos de la concentración que se celebrará este sábado por las calles de Santa Cruz no sólo contra este Plan sino contra la corrupción e informa que José Miguel González, uno de los grandes favorecidos con el PGO, ha reconicido en Intereconomía que la Plataforma tiene razón y que comprende a los ciudadanos que están desesperados por el fuera de ordenación y que la gente salga a la calle a protestar.
Desde su punto de vista, el objetivo de la Plataforma debe ser el tratar de permanecer en el tiempo puesto que ahora ya no sólo es una batalla contra las injusticias y arbitrariedades que provoca el nuevo PGO, sino que es una batalla contra la corrupción política que se ha instaurado en la administración, con la intención de convertirse en cortapisa y límite a la impunidad con la que los políticos se mueven por las instituciones públicas.
El abogado señala la mayoría de edad que ha alcanzado la sociedad tinerfeña que está harta de la corrupción imperante y que se ha puesto manos a la obra para exigir un cambio de rumbo en la forma de gestionar lo público, ya que con temas como el puerto de Granadilla, el PGO de Tacoronte, el PGO de Santa Cruz o el tren del norte de Tenerife, la ciudadanía ha reaccionado, ha cogido la iniciativa de los problemas, los ha afrontado con entusiasmo y serenidad, olvidando los días de sumisión a los partidos políticos como si fuera algo irremediable.
Recuerda a los políticos que al marge de ir a votar cada cuatro años, los ciudadanos tiene derecho a discrepar y a no aceptar los proyectos a cualquier precio, máxime cuando proceden de administraciones cuya imparcialidad está en la picota porque no se caracterizan precisamente por la defensa del interés general.
Felipe Campos asegura que particularmente no tiene ninguna confianza en la administración canaria, por ello anima a los ciudadanos que examinen y reflecxionen los proyectos que se plantean, vean con lupa si son necesarios y si se adecúan al interés general, a la lógica, al sentido común y a la legalidad y si creen que no lo son, que protesten y se opongan, porque se trata de un derecho que tiene la ciudadanía, pero al mismo tiempo se trata de un deber.
El abogado dijo que es notoria la soledad en la que se encuentra Miguel Zerolo, ya que explica que los ciudadanos así lo muestran por la calle, sobre todo tras lo acontecido con la aprobación del PGO, que ha provocado un hastío increíble, porque es evidente que la gente ya no tiene ninguna credibilidad ni ninguna confianza en el ayuntamiento, ya nadie se cree absolutamente nada de esta clase política que se atreve a aprobar un Plan que roba sus derechos patrimoniales a los vecinos para favorecer intereses espúreos de unos empresarios como Adán Martín, Manuel Hermoso, José Miguel González o Antonio Plasencia.
Desde su punto de vista, el escándalo del PGO ha sido la tumba política del alcalde, porque ya no se trata solamente del expolio realizado por el fuera de ordenación, que viene en gran parte y en silencio desde 1992, sino que con esta revisión se haya ampliado y más aún, que a día de hoy ya nadie lo pone en duda, se trata de un Plan que fue aprobado con base a una gran mentira.
Campos advierte que lo razonable sería que todos los partidos políticos, todos los medios de comunicación, incluso aquellos que fueron "engañados", pidieran de forma contundente la anulación del Plan y la dimisión del alcalde, para posteriormente analizar la situación para darle una solución con un nuevo Plan que corrija los abusos que se cometen con esta chapuza aprobada recientemente.
El abogado informa que José Miguel González, uno de los grandes favorecidos con el PGO, ha reconicido en Intereconomía que la Plataforma tiene razón y que comprende a los ciudadanos que están desesperados por el fuera de ordenación y que la gente salga a la calle a protestar, unas declaraciones muy sintomáticas y que evidencian que el tema está muy claro, por ello, tras demostrarse que el equipo de Gobierno y el PP mintieron, lo apropiado en una democracia sería que se anulara el Plan y se depuraran responsabilidades políticas.
