 La Laguna/ Pablo Matos,
portavoz nacional popular en Vivienda, tilda de rígidos los
programas del Plan Estatal de Vivienda para rehabilitar las casas
afectadas.
El diputado
tinerfeño y portavoz nacional del Partido Popular en materia de
Vivienda, Pablo Matos, registró en días recientes una
Proposición No de Ley para conseguir un mayor compromiso del
Gobierno estatal ante el problema de aluminosis que afecta a la
localidad lagunera de Las Chumberas.
Matos, que defenderá esta propuesta el próximo miércoles en la Comisión
de Vivienda, aseguró que “nos encontramos ante una situación complicada
ya que de las 675 viviendas que conforman este núcleo, más del 70 por
ciento están afectadas por esta patología del hormigón, la aluminosis,
que puede poner en peligro la estabilidad de los inmuebles y precisan
su rehabilitación en unos casos y su reposición en otros”.
El diputado tinerfeño recordó que “durante una visita a las Islas, la
ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, ofreció a los responsables
políticos canarios la posibilidad de incluir a Las Chumberas en uno de
los Programas que, a estos efectos, recoge el actual Plan Estatal de
Vivienda y Rehabilitación: el Programa de Áreas de Rehabilitación
Integral (ARI) y el Programa de Área de Renovación Urbana (ARU)”.
Sin embargo, Matos manifestó que “las condiciones y requisitos para
acceder a estos Programas son demasiados rígidos además de que la
financiación, mediante préstamos convenidos y subvenciones, es
claramente insuficiente para acometer una actuación de rehabilitación o
reposición de viviendas que, en el caso de Las Chumberas, no se debe a
la voluntad de renovar el tejido urbano sino al riesgo de colapso de
las edificaciones por causa de la aluminosis”.
El diputado del PP tildó de “necesaria una actuación pública de
carácter singular, ajena a la rigidez del Plan de Vivienda, similar a
las llevada a cabo en los barrios de El Carmell, Hospitalet o Sants”.
En dichos casos, la rehabilitación se ha realizado con a través de
partidas independiente en los Presupuestos del Ministerio de Vivienda,
y en su momento contaron la participación de todas las administraciones
competentes.
De ahí que haya instado a la firma de un convenio entre las
administraciones, esto es, Estado, Gobierno canario, Cabildo y
Ayuntamiento, pero al margen de los dictados del Plan de Vivienda. En
ese escenario, considera Matos, la participación del Ejecutivo central
no debe ser inferior al 40 por ciento.
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