 Bruselas / La nueva comisaria de Asuntos de Interior, la sueca Cecilia Malmström,
presentó hoy en Bruselas las propuestas de la Comisión Europea para
reforzar Frontex, aumentando sus equipos y su personal, y cumplir así
con la petición formulada por los líderes de los Veintisiete en el
Consejo Europeo del pasado diciembre, en el marco de trabajo del
programa de Estocolmo
La Comisión apuesta por aumentar la capacidad operativa y reforzar el
marco jurídico para garantizar el respeto a los derechos fundamentales
en las actividades que realiza la agencia, la cual se encarga de la
gestión de las fronteras de la Unión Europea (UE), incluida la de
Canarias, donde actúa la operación conjunta HERA.
El incremento de los equipos y del personal de la agencia correría a
cuenta de los Estados miembros y Frontex se encargaría de codirigir las
operaciones de las patrullas fronterizas junto a los países de la UE.
Además, se le permitiría prestar asistencia técnica y desplegar
funcionarios de enlace en terceros países.
El equipamiento de Frontex es uno de los mayores problemas de la
agencia, según destaca la Comisión. En 2008, contaba sólo con ocho
aviones, cinco helicópteros y 12 embarcaciones, mientras que la
estimación que realiza la agencia sobre sus necesidades de futuro es de
14 aviones, 18 helicópteros y 92 barcos.
Otra de las dificultades por las que atraviesa Frontex, en opinión de
Bruselas, es la "limitada cooperación" entre los países de la UE en la
gestión de la inmigración, debido a la falta de recursos de la agencia y
a la "insuficiente coordinación entre las autoridades nacionales".
Asimismo, la Comisión aconseja que todos los guardias fronterizos que
participen en este tipo de operaciones hayan sido formados en materia de
derechos fundamentales, "con el objetivo de garantizar que todos los
inmigrantes son tratados cumpliendo plenamente con esos derechos y, en
particular, con el principio de no devolución".
En esta línea, Frontex -que dispone de 80 millones de euros del
presupuesto anual de la UE- seguiría teniendo la posibilidad de
coordinar operaciones conjuntas para el retorno de los inmigrantes a sus
países de origen. Y se establecerían garantías para asegurarse de que
esas operaciones de retorno se lleven a cabo respetando plenamente los
derechos fundamentales, por ejemplo, con un observador independiente que
esté presente durante las operaciones e informe a la Comisión sobre el
cumplimiento por los Estados miembros de la ley de la UE.
Ahora, la iniciativa del Ejecutivo comunitario deberá ser debatida y
aprobada por el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE.
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