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Las Palmas de Gran Canaria/ La comisión de pleno del área de Economía y Hacienda del Ayuntamiento
de Las Palmas de Gran Canaria ha aprobado el requerimiento a la
Comunidad Autónoma contra la resolución del Fondo Canario de
Financiación Municipal correspondiente al ejercicio 2008, por que el
dejaría de percibir 1.307.000 euros. Este anuncio fue hecho público
apenas una hora después de que el grupo municipal del PP denunciase la
pérdida de unos ocho millones de euros en ayudas públicas por parte de
la corporación, incluyendo este asunto.
Según el PP, esta sanción del Fondo se produce después de que el
Ayuntamiento obviase la inclusión de un trámite administrativo
referente a un acuerdo de compensación con la compañía de suministro
eléctrico Unelco Endesa.
Este requerimiento, según una nota difundida por el Ayuntamiento a
media mañana de este viernes, pretende evitar la reducción de un 10 por
ciento en la cantidad prevista por el Fondo para la ciudad para ese
año, después de que la auditoria de gestión que se le realizó al
consistorio en 2008 concluyese que se producía un incumplimiento en los
derechos recaudados, de 20 décimas.
Desde el Ayuntamiento, señala el comunicado, "se plantean dos
argumentos para rebatir esta decisión del gobierno autónomo", esto es,
que se cumple la condición de que el porcentaje de los derechos
reconocidos netos sobre los derechos recaudados sea superior al 80 por
ciento, solo que algunas compensaciones pendientes que se efectuaron en
2008 no fueron registradas hasta 2009; y que durante ese ejercicio la
Comunidad Autónoma dejó de ingresar algunos tributos a la
administración municipal por valor de 809.881 euros.
"Si lo hubiese hecho en el plazo previsto para ese ejercicio", señala
el Ayuntamiento, la hacienda local "también hubiese alcanzado el
porcentaje requerido, que suponía la cantidad de 92.727.480 euros", Por
ello, concluye el gobierno local, "las condiciones exigidas por el
Fondo de Financiación Municipal en 2008 se cumplen, por lo que se da
luz verde a este requerimiento que ahora se plantea al ejecutivo
autonómico, que tendrá dos meses para dar una respuesta".

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