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Las Palmas de Gran Canaria/ El Servicio de Atención
a la Familia de la policía judicial en la capital grancanaria sigue
recibiendo denuncias de supuestas víctimas de abuso sexual del caso
denominado "kárate", en el que figuran como imputados el dueño de un
club deportivo, su pareja sentimental y otros tres monitores.
En el caso figuran unas 50 presuntas víctimas, tanto mayores como
menores de edad, aunque podría elevarse la cifra, según han
confirmado hoy a Efe fuentes de la Fiscalía, que han señalado que la
investigación del caso que lleva el titular del juzgado de
Instrucción Número 7 de la capital grancanaria, Miguel Ángel
Parramón, está bastante avanzada.
Los hechos se remontan a hace más de diez años aunque no han
salido a la luz pública hasta ahora, por lo que se da la
circunstancia de que los delitos han prescrito en algunas de las
víctimas, según las fuentes, que han avanzado que la fase de
instrucción podría concluir en un plazo "relativamente corto de
tiempo".
De los cinco imputados, tres de ellos están en prisión -el
propietario del club deportivo, su pareja sentimental y una
monitora-, y los otros dos, monitores de kárate, están en libertad.
Los hechos que se investigan constituyen presuntos delitos de
corrupción de menores y abuso sexual continuado en el que habría
prevalecido una situación de superioridad, llegando a casos de
acceso carnal por vía vaginal y bucal.
Esto podría implicar, en el caso de los abusos sexuales, penas
que oscilan entre los cuatro a diez años de prisión por cada uno de
los delitos cometidos.
Las fuentes han aclarado que las penas se solicitarán en función
de los indicios sobre la mayor o menor participación en los hechos
de cada uno de los imputados en el caso, que está bajo secreto de
sumario y cuya proyección mediática preocupa tanto a los abogados de
la defensa como de la acusación particular.
Así, la abogada de los dos imputados que están en libertad, María
Rosa Díaz-Bertrana, ha considerado a Efe que la proyección mediática
"está quebrando el principio de presunción de inocencia" de los
implicados en el caso.
Según la letrada, los medios de comunicación informan de una
forma orientativa hacia el resultado, por lo que las personas
presuntamente implicadas en el caso están siendo sometidas a "un
juicio paralelo".
Díaz-Bertrana ha aludido también a que el caso está en fase de
investigación y las actuaciones han sido declaradas secretas.
El abogado José María Palomino, que representa la acusación
particular formulada por la plataforma de afectados del caso, ha
hecho por su parte un especial llamamiento a los medios de
comunicación para que se preserve la identidad e intimidad de las
víctimas.
Palomino, que representa en total a 25 personas, ha señalado a
Efe que ya es suficiente el dolor que implica la investigación como
para que encima se pueda "estigmatizar a las personas y familias
afectadas".
El abogado y portavoz de la plataforma ha señalado que no conoce
la existencia de un caso similar "ni en Canarias ni en España donde
se haya cometido un abuso sexual a menores de esta trascendencia".
Así mismo, ha considerado que el hecho de que haya tardado tanto
en salir a la luz está relacionado con un comportamiento "sectario"
y aspectos psicológicos de la conducta humana.
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