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Los grupos parlamentarios del Pacto que sustenta al Gobierno de
Canarias, Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP), han
rechazado por 31 votos la enmienda a la totalidad que el Grupo
Socialista había presentado al Catálogo Canario de Especies Protegidas,
por entender que el mismo es “un atentado contra la biodiversidad
canaria” al desproteger a 227 de las más de 450 existentes.
A partir de ahora, el polémico texto continúa su trámite con la
presentación de enmiendas parciales en ponencia y comisión con el fin
de que esté aprobado antes del mes de junio.
El texto alternativo, defendido por la diputada socialista y alcaldesa
de Artenara, Guacimara Medina, pretendía que el Catálogo contara con
los informes de las dos universidades canarias y que se convierta en un
decreto y no en una Ley que, según los socialistas, no puede ser
recurrida nada más que ante el Tribunal Constitucional y, por tanto,
reduce las posibilidades de alegar por parte de los ciudadanos y de la
comunidad científica.
“Es un proyecto que carece de rigor científico y técnico”, aseguró
Medina, para quien el Ejecutivo ha usado a los grupos parlamentarios
que lo apoyan para “imponer” un catálogo contestado por la comunidad
científica y la opinión pública.
Por su parte, el portavoz nacionalista, José Miguel González, criticó
que el PSC esté cuestionando la capacidad legislativa del Parlamento a
la hora de proponer leyes y negó que el texto canario contradiga el
aprobado por el Estado y que lo que hace es complementarlo, toda vez
que introduce una “protección especial” a varias especies que no han
sido admitidas por el Gobierno central.
“Ha sido el Estado el que ha descatalogado la mitad de las especies y
las ha dejado fuera de combate”, ha insistido González, pues el Código
Penal “solo puede sancionar las que están en peligro de extinción y son
consideradas vulnerables, ¿pero qué hacemos con las que están en las
categorías descatalogadas por el Estado?”
El portavoz del PP, Carlos Ester, insistió en que Canarias “va a
reforzar la protección” del catálogo estatal, por lo que conminó al PSC
a “sumarse a sacar la mejor ley posible”.
A ambos, Medina les acusó de “no tener argumentos” para defender una
tesis denunciada hasta por el Comité de Empresa de la Consejería de
Medio Ambiente, pues el interés es “sacar adelante infraestructuras
para ustedes más interesantes que la biota canaria”, en referencia al
Puerto de Granadilla, ya que el texto desprotege los sebadales de esa
zona tinerfeña gracias a los cuales la Unión Europea (UE) y los
tribunales han paralizado su construcción.

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