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Gran Canaria/ Está previsto que el secreto de sumario pueda levantarse en los próximos días. Según el artículo 182 del Código Penal, los
acusados podrían enfrentarse a penas de entre 4 y diez
años de cárcel.
El abogado de la plataforma que reúne a 25 de las víctimas de los
supuestos abusos cometidos en la escuela de kárate ‘Torres Baena’, José
María Palomino, ha destacado la labor “encomiable” del Servicio de
Atención a la Familia (SAF) del Cuerpo Nacional de Policía así como la
“magnífica” labor que, a su juicio, está desarrollando el juez
instructor, Miguel Ángel Parramón.
Palomino destacó la complejidad de un caso “sin precedentes en Canarias
ni en la península”, y agradeció en declaraciones en ACN Press el
tratamiento que desde los medios de comunicación se está dando a las
víctimas, que en muchos casos son aún menores de edad. El letrado, que
además es doctor en derecho penal, no pudo hacer una estimación de
cuándo podrá dar comienzo el juicio.
El jurista aseguró que hay dos únicos “hechos objetivables” en torno al
procedimiento. El primero es que el magistrado que lo instruye “ha
decidido transformarlo en sumario” lo que significa que éste ha
considerado que los delitos de los que se acusa a cinco personas, tres
en prisión provisional y dos en libertad con cargos, “suponen condenas
con penas superiores a los nueve años de cárcel”.
En este momento permanecen encarceladas en la presión del Salto del
Negro, en Gran Canaria, el dueño de la escuela, Fernando Torres Baena,
su pareja, María José González Peña y una de las profesoras, Ivonne
González Herrera. Los tres se enfrentan a varios delitos por corrupción
de menores y abusos sexuales.
La segunda razón que permite hacerse una idea de la trascendencia del
procedimiento, que todavía está bajo secreto sumarial –que podría
levantarse en los próximos días-, es que se ha determinado una fianza
ante posibles responsabilidades patrimoniales de tres millones de
euros, de las que serían beneficiarios a través de indemnizaciones el
más de medio centenar de posibles víctimas de la red.
Palomino recordó que los miembros de la plataforma a los que representa
demandan que se esclarezcan los hechos y se imparta justicia, aunque
todavía “sea difícil aventurar” las penas totales que afectarían a los
acusados en caso de que el tribunal determine su culpabilidad.
El artículo 182 del código penal determina para los casos de abusos
sexuales penas de entre 4 y diez años de cárcel, por lo que teniendo en
cuenta que se habla de en torno a medio centenar de víctimas, las penas
para los acusados rondarían los 500 años de cárcel. Sin embargo,
recuerda Palomino, “habrá que ver qué hay en la instrucción, si son
delitos continuados o individualizados”, finalizó.
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