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Ruano compareció en el pleno del Parlamento a instancias del
grupo Socialista, cuyo portavoz, Santiago Pérez, subrayó que la
sentencia deja claro que el Gobierno de Canarias "hizo trampa" en un
concurso en el que, añadió, las empresas adjudicatarias fueron las
que tienen "conexiones indiscutibles" con miembros del Ejecutivo.
El consejero contestó que el único interés del Gobierno era la
"garantía de servicio público" y por tanto adjudicar las frecuencias
de la TDT para que cuando llegara el apagón analógico las emisiones
estuvieran en el aire.
Recordó que el Gobierno de Canarias ha recurrido ante el Tribunal
Supremo la sentencia del TSJC, al igual que hizo con otra similar en
la que se anuló el concurso de la TDT en Tenerife, y por tanto el
pronunciamiento aún no es firme.
Lo que básicamente pone en cuestión el TSJC es que el Gobierno
recurriera a una empresa externa para evaluar las ofertas
presentadas, y eso es una práctica habitual que han hecho otras
comunidades como Baleares, Galicia, Navarra y Comunidad Valenciana,
dijo Ruano.
Para el consejero, es una "incongruencia" que el TSJC base su
sentencia en algo que además no había alegado ninguna de las
empresas que recurrieron el concurso, y en eso basa su recurso el
Gobierno ante el Tribunal Supremo.
"No es de recibo admitir que la externalización" de la evaluación
de las ofertas suponga que las empresas especialistas contratadas
por el Gobierno no puedan realizar objetivamente su trabajo, afirmó
Ruano.
Santiago Pérez insistió en la importancia de que la asignación de
licencias en un concurso público se realice "respetando las reglas
del juego", basadas en la objetividad y la libre concurrencia, algo
que según la sentencia no se ha hecho, subrayó.
Detalló que la mesa de contratación del concurso "hizo dejación
de sus funciones", al dejar que la Viceconsejería de Comunicación
del Gobierno de Canarias encargara un informe de evaluación externo
en el que además se introdujeron factores de valoración que no
estaban en el pliego de condiciones.
Al final, las licencias se adjudicaron a empresas con conexiones
indiscutibles con miembros del Gobierno, dijo Santiago Pérez, para
quien el informe externo no se hizo para evaluar a los aspirantes,
sino para "avalar" los deseos del Gobierno, que tenía "manifiesta
intención de asignar las licencias a unos y excluir a otros".
Pese a que ya ha habido dos sentencias contrarias, prosiguió
Pérez, el Gobierno de Canarias decide recurrir y seguir adelante
porque sabe que el tiempo transcurre en contra de las empresas
recurrentes y a favor del Ejecutivo, que tiene tiempo y dinero
público "para ir aflojando las piernas" a los medios que pretendan
establecer una línea informativa independiente.
Santiago Pérez denunció que el Gobierno, premeditadamente, sigue
adelante sabiendo que es altamente probable que esta adjudicación de
licencias acabe con indemnizaciones con dinero público no sólo para
las empresas perjudicadas por este procedimiento, sino también para
las que fueron adjudicatarias del concurso.
María del Mar Arévalo, diputada del PP, acusó al portavoz del
PSOE de "intentar emponzoñar la política en Canarias" con sus
acusaciones y de "vulnerar la presunción de inocencia", puesto que
la sentencia del TSJC no es firme al estar pendiente el recurso ante
el Tribunal Supremo.
El portavoz de CC, José Miguel Barragán, también insistió en que
la sentencia del TSJC no es firme y señaló que su grupo va a esperar
a que se pronuncie el Tribunal Supremo, al tiempo que señaló que el
Gobierno defiende los intereses generales de la comunidad autónoma
frente a los legítimos intereses privados de los recurrentes.
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