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Ruano asegura que el informe de Doxa no presupone “falta de objetividad” en la adjudicación

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ACN Press   
miércoles, 10 de marzo de 2010
Canarias/ El PSC insiste en que el TSJC ha dictado dos sentencias “en las que se ha desvanecido la presunción de legalidad” por parte del Gobierno de Canarias El consejero de Presidencia del Gobierno regional, José Miguel Ruano, ha asegurado en el Parlamento que el hecho de que se encargara un informe a Doxa Consulting que sirvió de base para adjudicar las licencias de la Televisión Digital Terrestre (TDT) “no presupone que exista falta de objetividad” en la decisión adoptada.
Por el contrario, el portavoz socialista, Santiago Pérez, ha contestado al consejero de Presidencia que las dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) dictadas en 2008 y 2010 anulando el concurso “llegan a decir que la solvencia de Doxa Consulting no disipa la duda de dependencia porque los informes se acomodan a quienes los encargan y pagan”.

Ruano insistió en restar importancia al informe de Doxa que baremó la adjudicación y ha recordado que los recursos presentados ante el Tribunal Supremo se basan, precisamente, en que “ninguna de las partes” que recurrieron la adjudicación de licencias “esgrimieron que ese informe viciara el proceso”, motivo por el que consideró “incongruente” que el tribunal lo use para anular el concurso tanto en Tenerife como a nivel regional.

Al respecto, Pérez fue tajante a la hora de acusar al Ejecutivo de “ganar tiempo con dinero público” presentando recursos a dos sentencias rotundas del TSJC que dice que el Gobierno lo ha hecho rematadamente mal y que se hizo trampa en ese concurso”. Como segundo objetivo de esta estrategia judicial, está el hecho de “ganar tiempo porque el Gobierno sabe que en tiempos de crisis a las empresas audiovisuales les cuesta llegar a final de mes y, cuanto más pase, más posibilidades hay de controlar su objetividad”.

Como se recordará, el pasado 21 de enero el TSJC notificó la sentencia que tumbaba el concurso de adjudicación de TDT de ámbito regional y obligaba al Gobierno de Canarias a realizar una nueva valoración de las propuestas presentadas, lo que deja en el aire la adjudicación a las empresas Antena 3 de Canarias SAU y Radio Popular S.A. Cope, que ya emiten sus programaciones.

"Resulta inadmisible que el informe en el que se basa la Mesa de Contratación introduzca factores de valoración que no constan en el pliego de condiciones, careciendo por tanto el informe litigioso de la rigurosidad y objetividad que le era exigible", recogía la sentencia.

Éste fue el segundo fallo del TSJC contra las TDT, pues en diciembre de 2008 tumbó la adjudicación en Tenerife tras el recurso presentado por Editorial_Prensa Canarias S.A., empresa editora de La Provincia y La Opinión de Tenerife.

Pérez, que pidió la comparecencia del Ejecutivo ante la “respuesta inconcebible” que ofreció el presidente Paulino Rivero cuando aseguró que “las cosas se han hecho bien” pese a la opinión del TSJC, ha considerado que ambas sentencias demuestran que “la intención del Gobierno era adjudicar a unos y excluir a otros, desvaneciendo la presunción de legalidad”.

El portavoz socialista basó sus acusaciones en el hecho de que “el TSJC ha dicho que la mesa de contratación hizo dejación de sus funciones, que su decisión se basó en un informe externo pedido por la Viceconsejería, no por la propia mesa, que ese informe introduce cuestiones que no estaban en el pliego del concurso y que la puntuación no se adecúa a las reglas elementales de la lógica”.

Ruano rechazó todos los argumentos de Pérez insistiendo en que en Navarra, Galicia, Valencia y Baleares también se elaboraron informes externos para adjudicar la TDT e insistió en que “el interés del Gobierno era poder adjudicar a empresas solventes para garantizar que cuando llegara el ‘apagón analógico’ los canarios pudieran tener el máximo número de canales”.

Los portavoces de los grupos que apoyan al Gobierno, José Miguel Barragán (CC) y Mar Arévalo (PP), coincidieron en que el informe externo fue “una herramienta para poder tomar una decisión” y acusaron a Pérez de “seguir emponzoñando la política en Canarias para producir un lodo para cultivar los votos que le puedan dar el poder”.
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