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El Gobierno canario afronta el último
tramo de esta legislatura con una total carencia de liderazgo e iniciativas
frente a la profunda crisis económica y el brutal desempleo que padecen las
Islas, así como con una mala gestión de lo público que ha alcanzado niveles
intolerables en la chapucera y socialmente injusta (no) aplicación de la Ley de
la Dependencia. Los problemas energéticos del Archipiélago no están siendo
ajenos a esa política plagada de desaciertos que intenta tapar todo con la
propaganda, la culpabilización de otros y las amenazas. Todo menos asumir
responsabilidades y buscar soluciones a los problemas, actuaciones que no
forman parte del guión gubernamental.
Tras los recientes ‘ceros eléctricos'
sufridos por la isla de Tenerife en apenas dos semanas, el Ejecutivo
reaccionó
a su peculiar modo y manera. Por un lado, responsabilizando a
ayuntamientos y
ecologistas de las carencias del sistema eléctrico de la isla. Por otro,
amenazando a Unelco-Endesa-Enel con su expulsión de las Islas, por más
que este
ultimatum fuera un ejercicio de pura demagogia sin la menor posibilidad
de
expresión práctica: ni el Gobierno concedió permiso a Endesa para su
instalación en el Archipiélago ni puede expulsarle sin más.
Responsabilidad
política
Aunque el responsable directo de los
apagones es la empresa Unelco-Endesa, que realiza el servicio en régimen
de
monopolio de facto, la responsabilidad política recae en la
administración
autonómica. Sin embargo, en ningún lado del discurso de Rivero y Soria
se
aprecia la asunción de responsabilidades del propio Ejecutivo canario,
por más
que le corresponda las competencias de la planificación, de velar por el
buen
funcionamiento del sistema eléctrico y de ejecutar las tareas de
inspección de
este, así como de las sanciones.
En medio de este debate, el Gobierno,
lejos de asumir sus responsabilidades, recurre a maniobras de
distracción, como
las recientes declaraciones de responsables del Ejecutivo
asegurando que el Ejecutivo central ha remitido un escrito en el que
advierte
que el Archipiélago tendrá que hacer frente a los 190 millones de euros
anuales
de sobrecoste que supone la generación de energía en las Islas por no
disponer
del gas como alternativa al petróleo.
De ser cierta esta comunicación del
Gobierno del Estado, cabe preguntarse dónde está el Ejecutivo de ATI-CC y
PP
para denunciar lo que sería un chantaje y una presión intolerable a
Canarias
que sí merecen, si no una rebelión, una contestación enérgica y
contundente por
parte de la administración autonómica.
El Gobierno canario debe saber que el
artículo 11 de la Ley del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF)
establece un sistema de compensaciones al Archipiélago por su condición
de
lejanía e insularidad para mantener "precios de la energía equivalentes a
los
del resto del territorio español". Por tanto, es incierto que los
sobrecostes
tengan que ser pagados por el Gobierno canario y, en última instancia,
por los
ciudadanos, dado que el sistema energético debe tener el mismo coste
para un
residente en Málaga, en Asturias, en Las Palmas de Gran Canaria o en
Arrecife.
En este sentido, el Real Decreto
6/2009 hace especial referencia al sobrecoste de los sistemas eléctricos
en
Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla. Y, por primera vez, en los
Presupuestos
Generales del Estado (PGE) para 2010 está contemplado el 17% de ese
sobrecoste,
256,4 millones de euros de un total de 1.508, por lo que a Canarias le
corresponden unos 900. A partir del año 2013 figurarán en los PGE el
cien por
cien de estos sobrecostes.
He señalado en distintas ocasiones los
graves problemas de nuestro sistema de producción de energía,
caracterizado por
su dependencia del exterior, su ineficiencia, el peso casi exclusivo de
los
combustibles fósiles, enormemente contaminantes, y el que se trata,
también, de
un monopolio de facto. Por ello, el empeño del Gobierno de ATI-CC y el
PP en
defender la implantación del gas como una panacea es absolutamente
exagerado;
una implantación que, en todo caso, debería hacerse con consenso y
garantizando
la seguridad y el respeto a la legislación. Seguiríamos siendo igual de
dependientes, insistiríamos en la línea de la producción eléctrica
mediante el
uso de los combustibles fósiles y continuaríamos causando una elevada
contaminación.
Cambio
de modelo
Canarias tiene condiciones para
abordar un cambio de modelo, basado en el ahorro y la eficiencia
energética. Y
por la apuesta clara por las renovables, la solar y la eólica, para la
que tan
buenas condiciones presentamos; a lo que se suman interesantes
propuestas como
la planteada por el Cabildo de Gran Canaria de crear una central
hidroeléctrica
en las presas de Chira y Soria. No es en modo alguno aceptable que
Navarra
alcance el 70% de producción de origen eólica, que en España las
renovables
lleguen ya a una media del 20%, mientras que el porcentaje de las mismas
en
Canarias no supera el 4,5%.
La extensión de las renovables
supondría menos dependencia y una disminución radical de la
contaminación. Y,
asimismo, un ahorro importante a las arcas públicas. En efecto, el
reciente
informe de la Agrupación Empresarial Innovadora de Energías Renovables,
Medio
Ambiente y Recursos Hídricos -financiado por el Gobierno canario y que
presentaron sus responsables del área recientemente-, del que forman
parte las
patronales canarias del metal Femepa y Femete, ha asegurado que el
sobrecoste
global del sistema eléctrico canario con respecto al peninsular,
estimado en
unos 900 millones de euros anuales, podría reducirse a la mitad si
utilizáramos
energía de orgen eólico.
A la consecución de ese objetivo, el
incremento del peso de las energías renovables en nuestra producción
eléctrica,
debiera volcar sus esfuerzos el Gobierno de Canarias. Superando su
incapacidad
para desarrollar lo recogido en el Plan Energético de Canarias (PECAN)
y,
también, las consecuencias de los fracasados concursos eólicos.
Asumiendo un
liderazgo que, hasta ahora, ha brillado por su ausencia.
Román
Rodríguez es presidente de Nueva Canarias.
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