CCOO Canarias y UGT Canarias dicen haber solicitado, vía escrito
registrado, en el organismo correspondiente, que se les facilite
información sobre el número de contratos, modalidades y duración, de
determinadas empresas, de las que existen "fundadas sospechas de que
están cometiendo irregularidades en la contratación". Tal como
establece la propia ley del SCE, esta información se debe facilitar a
los miembros de la Comisión de seguimiento de la Contratación, donde
sindicatos y patronal están representados.
"Así venía haciéndose hasta septiembre de 2009, fecha a partir de la
cual se nos niega esta información. Al pedir información en el seno de
la Comisión de Seguimiento de la Contratación, sobre determinadas
empresas, se nos dice, por parte de los responsables del SCE, que, por
orden de su Director, no se nos van a facilitar estos datos. Esta
actitud contraviene el Reglamento de la comisión de Contratación, la
propia Ley del SCE e incluso es contraria a la participación
institucional que la propia Constitución Española reconoce a los
sindicatos", aseguran.
"Esta actitud antisindical y, en una palabra, antidemocrática, sólo
puede obedecer a otros fines y sólo beneficia a empresarios que,
incumpliendo las reglas del juego, compiten deslealmente contra otros,
afortunadamente la mayoría, que están dentro de la legalidad", agregan.
Por tanto, piden a los responsables del Ejecutivo del Gobierno de
Canarias, que promuevan un cambio de rumbo en la política del SCE para
que sirva para los fines de servicio público, gratuito y de calidad que
la sociedad canaria requiere.
Ambos sindicatos recuerdan en un comunicado que Canarias sigue siendo
la comunidad autónoma de España con mayor tasa de desempleo. Se estima
también que es una de las comunidades con mayor índice de economía
sumergida, empleo irregular y fraude en la contratación. "Por estos
motivos, consideramos que se deben emplear todas la herramientas
legales, que Administración y sindicatos tenemos, para combatir esta
lacra social", apuntan.
"No se entiende, por tanto, la actitud de la Dirección del Servicio
Canario de Empleo (SCE), que, con falsos argumentos, impide el correcto
funcionamiento de algunas de las instituciones que dependen de este
Organismo y que, por las competencias que les otorga la ley, podrían
servir de gran ayuda para luchar contra la contratación irregular y
reducción del desempleo registrado en las Oficinas de Empleo", añaden.
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