Así lo recoge el auto de 10 de marzo del Juzgado de
Instrucción
número 1 de Icod de Los Vinos al que ha tenido acceso Europa Press. En
este se explica que "desprendiéndose de lo actuado que los hechos
denunciados -- tras una querella presentadas por J. M. H. L. por
presuntos delitos relativos a la ordenación del territorio, el
patrimonio y el medio ambiente-- pudieran ser constitutivos de un delito
de prevaricación imputado a Juan José Dorta Álvarez".
Asimismo, han sido imputados por un delito contra los recursos
naturales y el medio ambiente los empresarios de la Comunidad de Bienes
Áridos Abreu, Prefabricados Santa Bárbara, Forthor Canarias, Desguaces
Tenerife, Desguaces Insulares así como P.J.R.Z., C.R.Z. y P.R. F.
(propietarios y gestores de las empresas).
UNA HUELLA IMBORRABLE EN SUELO AGRÍCOLA
El auto expone, entre los razonamientos jurídicos, que
Prefabricados Santa Bárbara (Prebasa) llevó a cabo la extracción y
transformación de áridos con afección a la costa en una zona declarada
rústica y con protección costera y agraria, "sin autorización o licencia
... y sin contar con declaración de impacto ecológico" extrayendo los
áridos a cielo abierto "y no contando con autorización administrativa"
y sin contar con un plan de restauración.
En el caso de Forthor Canarias ha señalados que obtuvo una
licencia administrativa pero no autorización que ampare la actividad de
extracción de áridos. Se ha acusado a la empresa de mezclar componentes
para obtener hormigón "sin título habilitante para ello, y habiendo
vertido residuos sólidos de hormigón lavado de las máquina en la zona de
dominio público marítimo terrestre". Además se le ha acusado de "ser
responsable de los vertidos de escombros sobre el dominio público
marítimo terrestres y vertidos al mar de estos materiales" degradando el
paisaje.
El auto explica sobre Aridos Abreeuos que se ha producido
extracciones en terrenos propios y anexos sin contar con la autorización
necesaria en una zona declarada como suelo rústico de protección
agrícola. Tampoco contaba con licencia ni autorización para la
explotación de las canteras y extracción de áridos, ni con la denominada
declaración de impactos abmiental. "siendo así que ha ocasionado un
impacto paisajístico en la zona muy alto y ha provocado deterioro en el
entorno".
Desguaces Tenerife, un depósito de chatarras y desguaces y una
fábrica de cemento, al que se ha acusado de no cumplir con la
autorización inicialmente dada. Se le ha acusado de haber vertido
residuos al mar y ocupado "indiscriminadamente" gran parte de la finca
incluso la zona de servidumbre de protección. Además dicha empresa no
cuenta con la autorización para actividades de descontaminación y sin
impermeabilizar el suelo contaminando los suelos y con los posibles
daños al suelo, subsuelo y los acuíferos.
La situación de Desguaces Insulares es similar por carecer de
"autorización administrativa para efectuar operaciones de
descontaminación y gestión de vehículos "produciéndose vertidos de
residuos peligrosos sobre el suelo permeables, siendo la fragilidad del
espacio afectado alta, habiendo afectado al suelo contaminado de forma
irreversible, y han producido un daño ambiental significativo".
El pasado 19 de julio, por orden judicial se ordenaba el precinto
de este polígono industrial puesto en marcha sin las autorizaciones
preceptivas, según consta ahora en el nuevo auto.
Icod de Los Vinos/ El ex alcalde del municipio tinerfeño de Icod de Los Vinos, Juan José
Dorta, ha sido imputado por un presunto delito de prevaricación,
mientras que los empresarios del polígono industrial que ocupan la zona
de El Riquel han sido acusados por un presunto delito contra los
recursos naturales y el medioambiente.
