Las asociaciones de afectados de toda España ponen en marcha diferentes
iniciativas y movilizaciones para denunciar la sentencia de la Audiencia
Nacional que exime al Estado de responsabilidad.
Los despachos de abogados que representan a las distintas asociaciones
consideran que se trata de una sentencia política, contradictoria, miope y
dañina para la salud del Estado de Derecho en nuestro país.
La Coordinadora Estatal de Afectados de Fórum Filatélico y Afinsa (CEAFFA),
la Federación de Afectados Filatélicos (FAF) y la Federación de Plataformas
Blancas de Clientes de Afinsa (FPBs), preparan ya una gran manifestación en
Madrid para el cuarto aniversario de las intervenciones.
Madrid, 17 de Marzo de 2010.-
Las coordinadoras y federaciones que representan a la mayoría del medio
millón de ahorradores de Fórum Filatélico y Afinsa (CEAFFA, FAF y FPBs) han
acordado esta semana continuar con las diferentes acciones sociales en
reclamación de una solución justa a sus demandas.
La unidad en los objetivos y el convencimiento de que el recurso que se
interpondrá ante el Tribunal Supremo necesita ser apoyado por la
movilización social, han animado a coordinar y sumar los esfuerzos de las
diferentes asociaciones en sus reivindicaciones y mejorar su efectividad
ante la opinión pública.
Manifestación
El próximo 8 de Mayo y coincidiendo con el cuarto aniversario de la
intervención de Fórum Filatélico y Afinsa, se convocará una gran
manifestación en Madrid en la que de nuevo se reclamará una solución
definitiva al "medio millón de dramas familiares" generados por causa de la
irresponsabilidad de los poderes públicos durante los veintisiete años de
actividad de las empresas y los cuatro que ya han transcurrido desde el 9 de
Mayo de 2006.
El efecto de una sentencia política
Según las asociaciones de afectados, la sentencia que la Audiencia Nacional
emitió el pasado 5 de Febrero "supone una condena a muerte para un
elevadísimo número de personas de avanzada edad que, a la ruina material
provocada por la negligente actuación de las instituciones públicas, ven
como ahora se añade un retraso de varios años más, mientras se recurre a
instancias superiores. Después de una vida de trabajo, ahorro y sacrificio,
no saben si llegarán a ver el final de esta injusticia", aseguran.
Gran número de expertos y profesionales de prestigio de las ramas jurídica y
económica, han considerado que la sentencia tiene un cariz netamente
político y pretende salvar la cara al Gobierno, ahorrando una indemnización
millonaria al Estado en un momento de crisis, pero en realidad supone la
quiebra del Estado de Derecho y un perjuicio a largo plazo para nuestro
sistema, ya que sienta un grave precedente para futuras situaciones análogas
al no obligar a que la Administración se haga cargo de aquellos ciudadanos a
los que previamente dejó sin protección ni garantías.
Asimismo, los Despachos de abogados que defienden a los afectados consideran
que la sentencia incurre en gravísimas contradicciones al calificar la
actividad de las empresas de mercantil, mientras que en los procedimientos
concursal y penal se ha determinado que era financiera sin ningún género de
dudas.
Contra la discriminación legal
Hay que recordar que, para mayor indefensión de las víctimas, la norma que
rige las reclamaciones en los procedimientos contencioso-administrativos
impide presentar el recurso de casación ante el Tribunal Supremo a aquellos
afectados que reclamen cantidades por debajo de 150.000 €, lo que pretende
dejar sin salida a más del 95% de los reclamantes, casi todos pequeños
ahorradores. Un motivo más para que los 460.000 afectados se manifiesten,
según su lema, "contra el fracaso del Estado de Derecho y por una Justicia
eficaz e independiente".
Los políticos quieren mirar a otro lado
En opinión de los afectados, "los políticos no puede escudarse detrás de una
sentencia escandalosa y deben hacer frente de una vez por todas al grave
problema social que tienen encima de la mesa desde hace demasiado tiempo. Si
quieren mirar a otro lado, nosotros se lo seguiremos mostrando y
recordando". Como han hecho desde el primer momento, los afectados
continuarán luchando por negociar una solución política, ya que "debe haber
vías razonables, porcentajes razonables y plazos razonables de indemnización
incluso en medio de la situación de crisis que estamos viviendo".
Tres procedimientos judiciales
Los afectados de Fórum Filatélico y Afinsa están inmersos en tres
procedimientos judiciales diferentes, pero igual de lentos y fatigosos: el
concursal, el penal y el contencioso-administrativo. Del consursal poco
esperan los afectados, salvo una mínima recuperación de sus ahorros tras una
mala liquidación de las empresas.
En los respectivos procedimientos penales, instruidos por los jueces Garzón
y Pedraz, los representantes jurídicos de los afectados se encuentran con
una inaudita obstaculización por parte de los magistrados y la fiscalía, que
ralentizan hasta la desesperación cualquier iniciativa en defensa de sus
representados. Estos procedimientos continúan en fase de instrucción después
de cuatro años, sin que se vea un final cercano a los mismos.
En el contencioso-administrativo, después de la decepción por una sentencia
que consideran "traiciona la confianza de medio millón de personas en la
justicia española y degrada el concepto mismo de Justicia", los afectados
están dispuestos a llegar al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo si
es necesario.
Por todas estas razones, el 8 de Mayo saldrán una vez más a la calle para exigir una Justicia diligente, imparcial, íntegra y, sobre todo, independiente de los intereses políticos del momento.
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