Cho Vito se defiende en la Eurocámara
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ACN Press
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viernes, 19 de marzo de 2010 |
 Bruselas/ La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo escuchará el próximo
martes al representante de la Asociación de Vecinos Las Calas, Tomás
González, quien, como peticionario, expondrá a los eurodiputados las
quejas de los afectados por la demolición del poblado marinero de Cho
Vito, en el municipio tinerfeño de Candelaria.
González representa al colectivo de propietarios de las casas de Cho
Vito, derruidas entre octubre y diciembre de 2008 por orden judicial en
aplicación de la Ley española de Costas. El poblado, construido durante
la década de los 50, "tenía reconocido interés paisajístico y cultural",
según la petición.
En la queja se incide asimismo en que el derrumbe de las viviendas de
los vecinos de la localidad tinerfeña "vulnera sus derechos
fundamentales y constitucionales".
Junto a la de Cho Vito, la comisión europarlamentaria examinará la
próxima semana en Bruselas otras 30 peticiones de afectados por la Ley
de Costas, en la mayoría de los casos con la presencia de los
peticionarios, procedentes sobre todo de Galicia, Asturias, Cataluña,
Andalucía y la Comunidad Valenciana.
Estos ciudadanos denuncian la supuesta aplicación abusiva de dicha Ley
que data de 1989, la cual se ha empleado con carácter retroactivo
provocando el derribo de inmuebles edificados legalmente en las costas
españolas.
Por su parte, el lunes está previsto que acuda a la misma comisión del
Parlamento Europeo la directora general de la Sostenibilidad de la Costa
y del Mar, Alicia Paz, quien presentará también ante los
europarlamentarios la postura y las medidas a tomar por el Gobierno
español en este asunto. La escucharán también algunos de los
peticionarios.
En todo momento estará presente la Comisión Europea, la cual debe
proceder a investigar las peticiones una vez que son admitidas a trámite
por la comisión europarlamentaria, que aunque no tiene poder ejecutivo
sus solicitudes suponen un toque de atención a los Estados miembros.
INFORME AUKEN
Este debate vuelve a la palestra un año después de la aprobación del
informe de la eurodiputada danesa de Los Verdes Margrete Auken. Con su
adopción, la Eurocámara se pronunciaba por tercera vez contra "el
urbanismo salvaje" en España y a favor de una modificación de la Ley de
Costas "a fin de proteger los derechos de los legítimos propietarios de
viviendas y pequeñas parcelas en zonas de la costa que no tienen un
impacto negativo sobre el medio ambiente costero", según indica el
documento.
En el informe se aclara además que "dicha protección no debe concederse a
proyectos de desarrollo especulativos que no respetan las directivas de
la Unión Europea (UE) en materia de medio ambiente", y con la adopción
del texto los eurodiputados se comprometían a "revisar las peticiones
recibidas sobre este asunto a la vista de la respuesta de las
autoridades competentes españolas".

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Miguel Ángel Martínez dice que la propiedad no es un derecho humano. Sería discutible. Pero sí que lo son el derecho a la buena gobernanza, seguridad jurídica y unas reglas de juego que no puedan cambiarse de manera arbitraria, y a la igualdad de trato (es decir, que se trate lo mismo a los humildes que a los grandes hoteles que enladrillan la costa, y que se han construido con frecuencia después de dicha ley). Tiene razón por tanto, el Sr. Salavrakos y la Sra. Auken, que estiman a la Unión competente en el caso. Quizá el Sr. Martínez y la Sra Paz lo entendieran mejor si mañana les fuera confiscada su casa y les dieran en cambio30 años de uso �sujetos a rescate- y sin poder venderla (aunque de hecho, el precio de mercado casi desaparece con la declaración de concesión). Sres. Diputados daneses, alemanes, británicos y griegos. Por favor, intervengan y salven a esta España, que no se lo merecen, del papel vergonzoso que está representando por culpa de un gobierno que ignora lo que es el Estado de Derecho.