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Santa Cruz de Tenerife/ A pesar de que el 71 por ciento de la población
afirma que le preocupa lo que se haga con sus datos, un 66 por de las
pymes con menos de 50 empleados reconoce que desconoce "por completo"
la existencia de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD). Ante
este déficit de información, la Cámara de Comercio de Santa Cruz de
Tenerife ha puesto en marcha el Punto de Información sobre Protección
de Datos (PIPD) con el objetivo de asesorar a todas las empresas del
alcance de la normativa, así como de las importantes sanciones que
acarrea su incumplimiento.
La LOPD, que cuenta con su nuevo Reglamento desde el
pasado mes de abril, exige a todas las empresas la obligación de
obtener el consentimiento de las personas físicas para tratar sus datos
y también obliga a todas las pymes y entidades a registrar sus ficheros
en el registro Oficial de la Agencia de Protección de Datos.
Según el Departamento de Servicios Jurídicos de la Cámara de Comercio,
es relativamente fácil incurrir errores susceptibles de sanción ya que
el hecho de no informar debidamente en la recogida de datos, o
incumplir los deberes de secreto y confidencialidad, como tirar sin
seguridad un curriculum vitae a la basura, puede conllevar una sanción
de hasta 60.000 euros. Faltas graves, como no contar con el
consentimiento de los titulares para tratar sus datos o ceder los datos
a otras entidades sin permiso pueden suponer multas de entre 300.000 y
600.000 euros.
Concretamente en el primer semestre de 2008, las sanciones a entidades
privadas siguen centrándose en su mayoría en la calidad de los datos y
el consentimiento de los afectados. El 37,5 por ciento de las mismas se
debió al abandono de documentación en la vía pública, el 12,5 por
ciento por compartir en programas P2P (emule) archivos con datos
personales y otro 12,5 por ciento a la publicación de datos personales
en páginas web sin las debidas medidas de seguridad, dejándolos
accesibles a terceros no autorizados, según revela la Agencia Española
de Protección de Datos.
Además, según alerta Noemí Brito, responsable del Punto de Información
sobre Protección de Datos de la Cámara de Comercio (PIPD), la falta o
desconocimiento de los procedimientos de seguridad de la información es
un riesgo real, que puede causar importantes pérdidas a cualquier
empresa. "La inversión en seguridad de la información es vital para
toda empresa, ya que si desapareciera, se alterase o se divulgase,
afectaría muy negativamente a cualquier actividad que desarrollemos",
apunta Brito.
En este sentido, desde el PIPD, abogados especialistas en
Telecomunicaciones facilitarán toda la información necesaria sobre cómo
llevar a la práctica las nuevas medidas de seguridad que exige la LOPD
y su renovado Reglamento de desarrollo. Además, a partir de enero, en
el PIPD, las empresas podrán obtener la Guía del Responsable de
Ficheros que ha elaborado el Consejo Superior de Cámaras junto a la
Agencia Española de Protección de Datos.
SANCIONES ECONÓMICAS
Sólo el año pasado, la Agencia Española de Protección de Datos finalizó
más de 1.260 investigaciones de casos que fueron objeto de resolución,
casi todos ellos relacionados con empresas privadas, que en su conjunto
recibieron sanciones por un valor total de 19,6 millones de euros,
frente a los 24,4 de 2006. Unos datos que son mucho menos alarmantes en
el caso de Canarias, donde en 2007 se llevaron a cabo 50
investigaciones, de las que sólo 6 acabaron en sanción económica, lo
que sitúa las Islas en el puesto número 10 del ránking de las
comunidades autónomas que más denuncias registraron.
La mayoría de las denuncias recibidas e investigadas por la Agencia
Española de Protección de Datos están relacionadas con las
telecomunicaciones y las entidades financieras, que sólo el año pasado
sumaron 290 y 248 casos respectivamente, de un total de 1.263. En
cuanto a los motivos de la denuncia, muchos de los casos se deben a que
la empresa insertó indebidamente los datos de sus clientes en ficheros
de morosidad, o bien contrató servicios de forma fraudulenta, muy
habitual en telefonía e Internet.
Aún con el riesgo de sufrir importantes multas, según el Inteco,
alrededor del 80 por ciento de las pymes de España incumplen la LOPD y
eso a pesar de que el 96 por ciento de ellas maneja ficheros que
contienen datos que deben protegerse.
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Ninguno permanecemos ajenos a esta cuestión. La simple adquisición de un teléfono móvil o cualquier contrato de servicios suelen llevar aparejada la cesión de datos de carácter personal. Dicha información en un mundo globalizado e intercomunicado es "oro molido" para los comerciantes, para los delincuentes y para las agencias de (vamos a llamarlas así) seguridad.
Se necesitaría incluso que la ley fuese más restrictiva. Por ejemplo facilitando a los ciudadanos la renuncia a la utilización de sus datos. Es normal que la Cámara se ocupe de su asociados. Las Administraciones públicas deberían realizar un esfuerzo en informar a los ciudadanos al respecto, previniéndoles de este tipo de perversiones de la sociedad de la información.