Las Palmas de Gran Canaria/ La Cámara de Comercio de Las Palmas viene observando, con enorme
preocupación, que en las obras públicas adjudicadas en Canarias por las
Administraciones las empresas regionales no consiguen ser las
adjudicatarias de casi ninguna de éstas, aunque habitualmente se acude
a ellas para actuar como subcontratistas. Esta situación debe
corregirse, pues trae aparejada, como efecto perverso, la imposibilidad
de que se queden en Canarias las ventajas y beneficios de todo orden
que, se suponen, han de generar las obras públicas.
En el grave proceso de desaceleración que estamos
padeciendo, la iniciativa pública debe conjugarse con la privada,
siendo imprescindible que las Administraciones públicas mantengan altos
niveles de dinamismo a través de la licitación de obras públicas,
ponderando una mayor participación de las empresas locales, para así
mantener sus niveles de empleo. Sólo la actividad de las
Administraciones públicas podrá salvar la disminución en el consumo de
los hogares. De esta forma, las empresas de Gran Canaria conseguirán el
soporte financiero suficiente para crecer en competitividad y seguir
manteniendo y creando empleo.
Gran Canaria posee
un tejido empresarial más que suficiente para ejecutar casi cualquier
tipo de obra. De ahí, que sea tan importante esta licitación como que
las empresas locales, que han demostrado ser lo suficientemente
competitivas, puedan participar en la ejecución de estas obras públicas
de forma directa. Por un lado, flexibilizando los pliegos de
condiciones y por otro, instaurando un procedimiento sectorizado en el
que la información sobre licitación pública sea fácilmente accesible
para nuestras empresas.
El nuevo Fondo de
Inversión Pública, recientemente presentado por el Gobierno nacional en
el marco del Plan Español para el Estímulo de la Economía y el Empleo,
en el ámbito local dotado con 8.000 millones de euros, y que está
destinado a obras de ejecución inmediata que sean de competencia local,
debe de surtir los efectos que persigue en el "terreno de nuestra
demarcación". Por ello, la Cámara de Las Palmas solicita que la
Administración sea sensible a la hora de ponderar la adjudicación de
obras o servicios a las empresas canarias ya que, hoy por hoy, las
Administraciones públicas son las únicas que podrían ayudar a la
recuperación económica.
No osbante, la Cámara de
Las Palmas confía en que el nuevo plan de reducción de cargas
administrativas a las empresas introduzca, en breve, instrumentos que
faciliten el acceso de las PYMES a las obras públicas, entre los que se
prevén los siguientes:
- Elevar desde 120.000 a 350.000
euros el importe de los contratos de obras para los cuales no es
exigible la clasificación, de modo que empresas no clasificadas en la
actualidad puedan concurrir a un segmento más amplio de licitación de
obra pública.
- Facilitar al empresariado la obtención
y mantenimiento de la clasificación de las empresas como indefinida
(frente el actual plazo de dos años), necesaria para acceder a
determinados contratos de la Administración, supeditando su
mantenimiento a trámites sencillos de verificación de solvencia
económica.
- Puesta en marcha del Registro Oficial de
Licitadores y empresas clasificadas, posibilitando que los licitadores
concurran a un procedimiento de contratación con la simple
certificación del Registro.
En definitiva, se hace
fundamental facilitar la contratación pública a empresas canarias y
conseguir que el efecto multiplicador de la inversión se materialice en
la economía del Archipiélago. Además, para favorecer la adjudicación a
las empresas locales, habría que valorar las distintas formas de
contratación buscando la que mejor se adapte a nuestra región y a
nuestras empresas; y habría que articular "fórmulas concretas" que
permitan a nuestras empresas tener más posibilidades de participar,
pues hoy se agrupan en grandes concursos varias actuaciones fácilmente
asimilables individualmente, pero no en su conjunto.
Del lado
de las empresas, hay que fomentar la agrupación a través de fórmulas
como las UTES, que eleven la dimensión de las empresas adjudicatarias y
permitan comparecer en el mercado en función de las realidades
empresariales de los distintos sectores.
Sin embargo, resulta
habitual que las Administraciones primen el buen precio, dejando en
segundo plano la oferta técnica. Reducir sin más el precio inicial de
un proyecto tiene consecuencias indeseadas en la calidad final de la
obra y en los márgenes de rentabilidad de las empresas que lo acometen.
Por
último, la Cámara de Las Palmas considera fundamental fraccionar los
concursos, con el fin de facilitar el acceso de las empresas pequeñas a
los mismos.
