En total, el estudio de Oceana enumera 25 espacios protegidos, 12 tipos de hábitats amenazados y 82 especies en peligro. El Canal de Canarias, lugar donde se pretenden realizar las prospecciones petrolíferas, alberga hábitats formados por gases que están recogidos como un hábitat protegido según la Directiva Hábitats. Sobre ellos se asientan comunidades de corales y esponjas que serán físicamente destruidas cuando comiencen las actividades de búsqueda de petróleo.
"Los accidentes con vertidos de hidrocarburos al medio marino serán inevitables, por lo que la contaminación afectará a cientos de especies y hábitats presentes en la zona", alerta Ricardo Aguilar, Director de Investigación de Oceana Europa. "Aunque las islas que se verían más afectadas son Lanzarote y Fuerteventura, las corrientes predominantes en la zona acabarían llevando la contaminación hasta Gran Canaria".
No sólo se dañará la biodiversidad del lugar, sino que dos actividades tan importantes para el archipiélago como el turismo y la pesca podrían verse igualmente afectadas. El canal de Canarias es de gran importancia para especies como la sardina, el boquerón, el atún, la merluza o el bonito, entre otras. De hecho, Oceana ha identificado una alta biodiversidad en la zona, con más de 600 especies y cerca de 350 comunidades y hábitats.
Las islas Canarias fueron declaradas en 2005 PSSA (Área Marina Particularmente Sensible) por la Organización Marítima Internacional (IMO), a causa de su riqueza biológica y la dependencia económica de ésta. Ello obliga a establecer criterios aún más estrictos para evitar cualquier tipo de vertido y contaminación, algo que no se ha requerido a Repsol a la hora de otorgar los permisos de exploración.
La empresa petrolera tampoco ha informado al Gobierno español sobre la presencia de hábitats protegidos en la zona donde pretende llevar a cabo sus actividades, a pesar de que conocía su existencia.
"La omisión u ocultación de datos por parte de Repsol ya es una constante en su forma de comportarse. El Gobierno español y la Comisión Europea no deberían permitir esta actitud, sino sancionarla revocando los permisos", ha declarado Ricardo Aguilar. "Es muy peligroso el mensaje que se está mandando de que las leyes no son iguales para todos y que algunas empresas están exentas de cumplir con las directivas y acuerdos internacionales de conservación marina".
