 Madrid/ El nuevo sistema de financiación
autonómica permitirá a las comunidades depender menos del Estado,
contará con fondos de convergencia para compensar a las más débiles
y tendrá nuevos criterios de ajuste de la población, además de
cumplir con todos los estatutos de autonomía.
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Así lo ha anunciado hoy en rueda de prensa el vicepresidente
segundo y ministro de Economía, Pedro Solbes, quien ha avanzado las
líneas generales de la propuesta de reforma del sistema de
financiación autonómica, que el Gobierno ha remitido ya a todas las
comunidades.
Según Solbes, el documento aún no está cerrado y puede sufrir
modificaciones una vez que el jefe del Ejecutivo, José Luis
Rodríguez Zapatero, finalice la ronda de contactos con los
presidentes autonómicos, paso previo a la convocatoria del Consejo
de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que se espera sea antes de
que finalice enero.
El modelo garantiza igual financiación por habitante para los
servicios públicos fundamentales, tiene en cuenta la población como
criterio fundamental de reparto de recursos y aumenta la autonomía y
corresponsabilidad fiscal de las autonomías.
El vicepresidente ha detallado los ejes sobre los que girará el
nuevo sistema: el incremento de la equidad y la suficiencia en la
financiación del conjunto de las competencias transferidas y el
refuerzo de las prestaciones del Estado del bienestar.
A estos ejes hay que sumar la mejora de la estabilidad del
sistema y su capacidad de ajuste a las necesidades de los
ciudadanos, así como el aumento de la autonomía financiera y la
corresponsabilidad fiscal de las CCAA.
Esta mayor autonomía, según ha explicado Solbes, hará que las
comunidades dependan menos del Estado, lo cual se logrará a través
de una mayor cesión de impuestos: el 50% del IRPF y el IVA y el 58%
de los impuestos especiales (en la propuesta de julio este
porcentaje era del 50%).
Estos nuevos porcentajes ya figuraban en el Estatuto de Autonomía
de Cataluña.
En el sistema anterior el 70 por ciento de todos los recursos de
las CCAA provenían de los impuestos cedidos parcial o totalmente del
Estado, en el actual este porcentaje se elevaría al 90 por ciento.
Además, las comunidades tendrán mayor capacidad normativa, con la
posibilidad de ampliar las competencias en el IRPF y podrán contar
con más competencias en IVA e impuestos especiales.
Para cubrir sus necesidades de gasto, los gobiernos regionales
dispondrán, además de los ingresos tributarios autonómicos, de
recursos procedentes del Fondo de Garantía de los Servicios Públicos
Fundamentales, del Fondo de Suficiencia Global -que financia el
resto de las competencias transferidas- y de los nuevos Fondos de
Convergencia autonómica.
Los nuevos fondos de Convergencia, que inyectarán recursos
adicionales, se dividen en un fondo de Competitividad, para reducir
las diferencias per cápita e incentivar la capacidad y esfuerzo
fiscal de las comunidades y en un fondo de Cooperación, cuyos
recursos se distribuirán entre las regiones de menor riqueza.
Según ha explicado Solbes, las comunidades autónomas dispondrán
de más recursos adicionales -que se distribuirán en tres años-, y el
Estado de menos, lo cual "puede tener" influencia en el déficit
público.
El vicepresidente ha eludido adelantar qué porcentaje de recursos
ocupan los servicios básicos en el nuevo modelo al señalar: "Esa es
una buena pregunta pero no corresponde hoy la respuesta".
En cuanto a los criterios de ajuste de la población, que también
sufren modificaciones, Solbes ha apuntado que se tendrá en cuenta la
población, la dispersión, la insularidad y la población mayor de 65
años.
Asimismo se atenderá a la población sanitaria protegida y la
población menor de 18 años, reivindicaciones planteadas por algunas
CCAA.
El vicepresidente ha señalado que espera alcanzar el "máximo
consenso" posible para sacar adelante el nuevo modelo y ha afirmado
que el Estatuto catalán ha servido "de palanca" para la reforma del
sistema actual, cuyas carencias ha recordado.
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