Es evidente que las elecciones andaluzas, por la inesperada contundencia de la victoria del Partido Popular que consiguió una mayoría holgada, tienen una importante trascendencia más allá de Andalucía. Aunque no se deban extrapolar los resultados al conjunto de España (el PSOE andaluz lleva casi tres lustros perdiendo apoyo electoral y acusando el desgaste de tantos años de gobierno), el resultado sí apunta algunas claves que deben hacer reflexionar al conjunto de las fuerzas progresistas y más específicamente a las fuerzas nacionalistas canarias.

En el artículo de la semana pasada resumí la primera parte de mi intervención en el Debate sobre la Orientación General de la Política Insular del jueves 16 y viernes 17 de junio. En el texto ponía de relieve que, pese a las dificultades, los datos socioeconómicos de Gran Canaria estaban recuperando los niveles previos a la pandemia, e incluso a la crisis económica de 2008, y que la acción del Cabildo, tanto inversora como de ayudas sociales estaba siendo importante para esta recuperación.

El jueves y el viernes pasado tuvo lugar en el Cabildo de Gran Canaria el Debate sobre la Orientación General de la Política Insular, una oportunidad para hacer un balance del estado de la isla y realizar una evaluación de la acción del actual gobierno progresista del Cabildo de Gran Canaria. Celebramos este debate en un duro contexto. Cuando percibíamos los síntomas de recuperación económica tras la pandemia se produjo la injusta invasión de Rusia sobre Ucrania, que ha generado una situación de incertidumbre y brutal encarecimiento de las materias primas y suministros. La inflación galopante a nivel planetario está minando el bienestar de la población y la competitividad de las empresas.

El jueves y el viernes pasado tuvo lugar en el Cabildo de Gran Canaria el Debate sobre la Orientación General de la Política Insular, una oportunidad para hacer un balance del estado de la isla y realizar una evaluación de la acción del actual gobierno progresista del Cabildo de Gran Canaria. Celebramos este debate en un duro contexto. Cuando percibíamos los síntomas de recuperación económica tras la pandemia se produjo la injusta invasión de Rusia sobre Ucrania, que ha generado una situación de incertidumbre y brutal encarecimiento de las materias primas y suministros. La inflación galopante a nivel planetario está minando el bienestar de la población y la competitividad de las empresas.

En los años 2020, 2021 y en lo que va de 2022, Gran Canaria ha sido sede de 322 proyectos audiovisuales. Se han llevado a cabo unas 100 producciones cinematográficas y 222 acciones publicitarias que, en total, han supuesto una inversión cercana a los 37 millones de euros. Y eso a pesar de estar en una pandemia en la que la movilidad internacional estaba limitada y de que muchos rodajes tuvieron que posponerse por motivos sanitarios.

Estos datos ponen de manifiesto el tremendo potencial económico que tiene el sector audiovisual y el papel clave que puede jugar en la diversificación de nuestro modelo económico. Se trata de una actividad económica idónea para las condiciones de Gran Canaria. Nuestra increíble variedad de paisajes, tanto urbanos como naturales, así como nuestra riqueza patrimonial nos hacen atractivos para casi cualquier tipo de rodaje.

Desde 2013 la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria ha venido ejecutando un proyecto de recuperación de los bosques del oeste de la isla, concretamente de los macizos montañosos de la Reserva Natural Especial de Güigüí, la llamaré en adelante Guguy pues es este el nombre original y tal y como es conocido el lugar por los habitantes de esta zona de la isla. Probablemente, cualquier persona que sepa del espacio del que hablo mostrará su sorpresa ya que, a pesar de la belleza del paraje, resulta difícil imaginárselo actualmente como una zona boscosa...

En 2014 y 2015 la sociedad canaria llevó a cabo una lucha ejemplar contra las prospecciones petrolíferas en nuestras aguas anunciadas por Repsol y el Gobierno de España. Fue una de las mayores movilizaciones que se recuerdan y expresó un amplísimo consenso social y político. Incluso se intentó realizar una consulta ciudadana sobre las perforaciones que fue anulada en noviembre de 2014 por el Tribunal Constitucional. El temor a la destrucción de la biodiversidad de nuestros mares y nuestro litoral, el riesgo de daños a las desaladoras que suministran el agua que necesitamos para subsistir o el miedo a que un vertido dañara seriamente nuestras playas con la consiguiente afección a la industria turística consiguieron movilizar a las instituciones y a la sociedad civil de este archipiélago. Finalmente, Repsol se retiró de las aguas canarias en lo que supuso una gran victoria para esta tierra.

En el último mes se ha abierto una polémica en nuestra Comunidad acerca de la enseñanza de la historia y la geografía de Canarias en los institutos de Educación Secundaria de nuestra tierra. El debate surge por la propuesta de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno canario de suprimir la asignatura que actualmente cursa todo el alumnado en cuarto de la ESO, por una materia optativa y por un tratamiento transversal de las competencias y contenidos que esas áreas exigen.

En menos de un año el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPPC) ha emitido tres informes extraordinariamente preocupantes sobre el cambio climático y sus consecuencias para el planeta. En el informe hecho público en los primeros días del mes de abril de este año –el primero se publicó en agosto del año pasado- los expertos de Naciones Unidas nos trasladan con firmeza que las emisiones deben tocar techo antes de 2025 y luego caer drásticamente para evitar la catástrofe climática. Según el documento presentado por el Panel, las estrategias climáticas actuales de los gobiernos del mundo no indican que esto se vaya a producir, sino todo lo contrario: las emisiones seguirán creciendo durante esta década.

La tarde del pasado viernes 18 de marzo nos enterábamos, a través de un comunicado del gabinete de la Casa Real marroquí, de que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, había enviado una carta al Rey Mohamed VI en la que le aseguraba que "España considera la iniciativa marroquí de autonomía para el Sáhara como la base más seria, creíble y realista para la resolución de este diferendo". Es decir, que de facto el Gobierno de España reconocía la soberanía marroquí sobre el Sáhara, algo que no hace ni la ONU, ni la Unión Europea, ni la Unión Africana ni ninguna otra organización internacional ya que, según Naciones Unidas, el Sáhara es un territorio pendiente de descolonización.