Podría decirse que la impresión inicial se ha ido desvaneciendo sobre todo con sus actos ya que igual que "el papel lo aguanta todo" a "las palabras se las lleva el viento", confirmando la lamentable trayectoria de gestión sanitaria de los sucesivos gobiernos de Canarias. Y los actos, contundentes en su significado y consecuencias son, en primer lugar, la confirmación del afán privatizador con la concertación sanitaria y su rápida actualización de tarifas que incrementan la desviación de dinero público al negocio del sector empresarial privado.
Además, para la Atención Temprana se apela también a la concertación privada y se amplía la apuesta decidida, junto a la Consejera de Servicios Sociales, a favor de la concertación con el sector privado haciendo completa dejación de la obligación del Gobierno de Canarias en cuanto a la creación de las necesarias plazas sociosanitarias públicas, respecto de las cuales también se interpone, en el caso particular del Cabildo de Tenerife, la preferencia por un negocio dañino como el Circuito del Motor.
Para rematar esta lamentable relación de despropósitos, la Consejera de Sanidad ahora de la mano del Consejero de Educación y Deportes nos brinda la delirante propuesta de la "receta deportiva" con la que pretenden desviar, si no lo impedimos, otro tanto de los fondos públicos al sector de los gimnasios y centros deportivos privados en vez de potenciar la competencia pública del ejercicio terapéutico a cargo del Servicio Canario de la Salud y en particular de la Atención Primaria, incrementando en ella el número de profesionales Fisioterapeutas.
Es evidente para la ADSPC que este Gobierno Canario también ha perdido toda la credibilidad y además en un tiempo record, por tanto, no esperamos nada que pueda surgir de él "por las buenas" no debiendo cesar en absoluto la denuncia y lucha decidida contra sus políticas neoliberales que pretenden reducir al mínimo al sector público sustituyéndolo por el negocio privado de amigos y financiadores de las fuerzas políticas que lo sostienen.
Desde luego, apelaremos como siempre a la movilización de la población canaria pero junto a ella consideramos decisiva la necesaria actuación coherente de la Ministra de Sanidad, Mónica García, derogando la Ley privatizadora estatal 15/97, y los artículos de la Ley General de Sanidad que han sido "puertas abiertas" para la sanidad lucrativa privada sobre la que está absolutamente demostrado que se asocia con mayores tasas de mortalidad evitable, con un empeoramiento de la calidad asistencial y un coste de los servicios que se multiplica por 5 respecto al de los de gestión enteramente pública del mismo nivel.

Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias (ADSPC)