Una situación social desoladora

A modo de introducción, algunos datos que nos muestran muy a las claras cual es la situación real que vivimos en España, y especialmente en Canarias, algo que ya deben saber en su institución pero nunca está de más recordar.
El primer dato, un informe de la OCDE que apunta para nuestro país un paro medio del 27 % en 2013 –bastante más alto el que tendremos en Canarias- con una contracción del PIB del 0,8%. En la misma línea negativa, otro informe reciente elaborado por técnicos de Hacienda estima que en 2012 en Canarias hay ya 1.001.221 personas (el 47,1% del censo) viviendo en precariedad económica. De ahí para abajo, según el Instituto Nacional de Estadística el 35% de la población canaria está en riesgo de exclusión social. Y si seguimos bajando en este escalafón macabro de la precariedad, en palabras del director de Cáritas Diocesana de Tenerife: "en Canarias hay más de 60.000 hogares, que no familias pues son ya muchos los hogares que acogen a dos o tres generaciones, que no perciben ningún tipo de ingreso y están todos sus miembros en paro". Este mismo dato, actualizado a noviembre de 2012 lo tenemos en lo que publica el martes día 4 de diciembre el Gobierno Central, cuando anuncia que casi 124.000 parados de Canarias ya no cobran prestación ni subsidio alguno por su condición de desempleados, siendo éstos el 43,04 % del total de los inscritos en las oficinas públicas de empleo de la comunidad autónoma.
Con esta realidad, nos encontramos con datos que son mucho más que datos y deberían de hacernos recapacitar, cuando sabemos que desde el año 2008 hasta la fecha más de 8.400 familias han perdido en Canarias su vivienda por no poder hacer frente al pago de la hipoteca (400.000 en toda España), sin contabilizar las familias que son desahuciadas o se quedan sin vivienda por no poder hacer frente a un alquiler. Un drama que a menudo va de la mano de otro drama, al saber que en los tres últimos años un total de 237 menores han sido entregados por sus familias al Gobierno de Canarias por imposibilidad de atenderlos, acuciados por el paro y los desahucios. A todo esto, en San Cristóbal de La Laguna el paro está ya próximo a las 22.000 personas, con zonas como Taco, El Cardonal, La Cuesta o La Verdellada, con unos índices de paro muy altos y una gran parte de su población viviendo en condiciones muy precarias.

II
Ayudas Sociales en La Laguna: una burocracia sui géneris

En este contexto social desolador de nuevo tenemos que volver a denunciar lo que sucede en La Laguna, cuando ya en septiembre pasado tuvimos que hacer públicas unas imágenes captadas a las puertas de la UTS de Taco, en La Laguna, con colas humillantes y tercermundistas de familias esperando en la puerta desde las cuatro de la madrugada para optar a ser atendidas por la trabajadora social muchas horas después (adjuntamos recorte de prensa como documento número 1). Entonces desde Servicios Sociales se dijo que no tenían conocimiento del asunto, procediendo a su rectificación. Pero lejos de mejorar, desde septiembre hasta ahora son cada vez más las familias precarias residentes en el municipio de La Laguna que contactan con la Plataforma para pedirnos ayuda o denunciar su caso, familias todas con niños a cargo, algunas monoparentales, otras sin percibir ningún tipo de ingreso, que reciben de los Servicios Sociales del Ayuntamiento una negativa a sus peticiones de ayuda con los argumentos más dispares, cuando no una burocracia extrema que los hacen desistir incluso de pedirla, cuando no un traslado de su expediente a Menores con el subsiguiente riesgo de perder a los niños, debiendo al final éstas familias ser asistidas por nosotros mismos, simples ciudadanos sin recursos, gracias a campañas de solidaridad ciudadana, colectas solidarias y otras gestiones de carácter altruista, para no dejarlas abandonadas a su suerte.
Y todo esto no es sólo teoría, son familias con nombres y apellidos que pasamos a mostrar a continuación.

II. 1.- Familia de N. R. P.
Se trata de una madre joven que cría a su niña de 5 años ella sola, sin apoyo de pareja o familia alguna. Cobra una ayuda de 426 euros, hasta agosto de 2013, y paga de alquiler por una casa en el lagunero barrio de La Cuesta 300 euros, con luz y agua incluidas en los 300 euros.
En septiembre de 2012 acudió a los Servicios Sociales del Ayuntamiento de La Laguna, a pedir una ayuda de alquiler de las que contempla la normativa municipal con las que podría pagar la fianza y dos meses de alquiler. Una vez que presentó toda la documentación, en el Ayuntamiento le dicen, de manera verbal, que la ayuda le vendrá denegada. Los argumentos que le dan las trabajadoras sociales se basan en que ella, ganando 426 euros, con 126 euros libres al mes, y acabándosele la ayuda en agosto de 2013, no puede justificar que podrá seguir pagando el alquiler cuando se le acabe dicha ayuda.
Con fecha 26 de noviembre presenta escrito pidiendo que le sea denegada la ayuda por escrito tal cómo estipula la Ley (se adjunta copia como documento número 2), no habiendo recibido contestación hasta el momento. En esa misma fecha solicita una derivación de comida para la ONG Sonrisas Canarias, pero en la UTS le dicen que no dan derivaciones para ONG, al parecer porque luego las ONG le reclaman al Ayuntamiento subvenciones y otro tipo de contraprestaciones. Esta madre les pidió entonces un vale de alimentos de los que contempla la normativa municipal, para canjear en un supermercado concertado con el Ayuntamiento, pero también se lo negaron aduciendo que ya le habían dado un vale de 90 euros en verano de 2012, y era necesario dejar pasar más tiempo para solicitar otro.
Sobran los comentarios: a esta madre y a su hija se le deniegan ayudas con argumentos bastante dudosos a nuestro juicio, y que ni siquiera le facilitan por escrito. A esta familia la estamos ayudando en la Plataforma con comida y medicinas para su hija, ya que padece una enfermedad del riñón para la que necesita unas tiritas que no cubre la Seguridad Social.

II. 2.- Familia de E. L. P.
Se trata de una madre joven que cría a su niña de 11 años ella sola, sin apoyo de pareja o familia alguna. Residente en La Laguna desde hace muchos años, cuando murió su madre se quedó con la casa que la empresa pública del Gobierno de Canarias Visocan había cedido en alquiler social a su madre. Por motivos de trabajo tuvo que trasladarse hace algo más de un año a vivir a un municipio del sur de Tenerife, debiendo empadronarse allí para el colegio de su hija. Cuando se le acabó el trabajo volvió a La Laguna, a su casa del lagunero barrio de La Verdellada.
Sin estar percibiendo ingreso alguno, en septiembre de 2012 presenta escrito en los Servicios Sociales del Ayuntamiento de La Laguna, solicitando ayuda de alquiler y ayuda de alimentos. No le tramitan ninguna de las dos ayudas aduciendo que no lleva los 6 meses reglamentarios residiendo en La Laguna, no cumpliéndolos hasta el día 10 de noviembre de 2012. En esa ocasión, lo único que le tramitan es la PCI (Prestación Canaria de Inserción), advirtiéndole que esta ayuda del Gobierno de Canarias tarda de 9 meses a un año en ser concedida. Esta madre presenta un escrito en el que alude a la normativa municipal, en dicho escrito, literalmente decía lo siguiente:

Lo cierto es que he estado repasando las Bases Reguladoras de concesión general de Ayudas Económicas del Área de Bienestar Social y Calidad de Vida del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna aprobadas en Pleno celebrado el pasado 10 de febrero de 2011 (publicadas en BOP nº 55/2011, de 11 de abril), y parece que dichas Bases contemplan excepciones al requisito de llevar como mínimo 6 meses empadronado en el Municipio, tal como lo afirma la misma Base 3 ª – apartado b. cuando se afirma:
Estar empadronados y residir de forma efectiva en el municipio de La Laguna, como mínimo por un período de 6 meses inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud. No se tendrá en cuenta el aludido límite temporal cuando concurran circunstancias excepcionales, debidamente acreditadas, que deberán reflejarse en el informe social.
O en el Título Preliminar, Base 4ª - Documentación, apartado 2., cuando se dice:
2.- De forma excepcional, en situaciones de urgencia y gravedad debidamente acreditadas y justificadas, se podrá prescindir de alguno de los documentos establecidos, sin perjuicio de que con posterioridad sea requerido para completar el expediente.

Al hacer entrega de dicho escrito, en el Ayuntamiento le entregaron un justificante que adjuntamos como documento número 3.
A día de hoy, pasados ya los 6 meses de empadronamiento, en el Ayuntamiento siguen sin concederle ayuda ninguna. Únicamente la han llamado para enseñarle a hacer un currículum con el que buscar trabajo, cosas que ella ya sabía hacer, y la han metido en Menores eso sí, por haber faltado su hija varios días a clase. No importó que justificara las faltas en el colegio o que su hija sea una de las alumnas más aplicadas de la clase.
De nuevo sobran los calificativos: a esta madre y a su hija se le niegan ayudas cuando su situación es bastante urgente y desesperada, desatendiendo incluso lo que apunta la propia normativa municipal en una interpretación muy restrictiva de la norma, y en cambio sí que se informa a Menores, con en subsiguiente riesgo de ruptura de la unidad familiar y el sufrimiento que este hecho acarreará a esta familia, por no hablar del gasto que supondrá para las arcas públicas, dado que cada menor tutelado por el Gobierno de Canarias genera un coste aproximado de 60 euros diarios.
Desde la Plataforma estamos ayudando a esta familia con comida y gestiones varias, habiendo intercedido con éxito en octubre pasado ante Visocan para que no la echaran de su casa por una deuda que acumulaba con la propia Visocan.

II. 3.- Familia de R. C. A.
Se trata de una madre joven residente en La Laguna con tres hijas menores a su cargo a la que atendimos hace unos meses desde un proyecto anexo a la Plataforma por la Dignidad, al encontrarse en una situación muy precaria, sin apenas ingresos, sin nada para comer y afirmando ser víctima de violencia de género. A esta madre la ayudamos con comida y con alguna gestión con la oficina comarcal de violencia de género que tiene el Cabildo en La Laguna, a dónde la derivamos. Ella nos contaba y también nos lo dejó por escrito en una declaración jurada que le tomamos (documento número 4), que cuando fue a la Unidad de Trabajo Social de Taco a solicitar ayudas de emergencia social le negaron las mismas aduciendo que ella tenía a sus tres niñas en un colegio concertado en lugar de en uno público, de lo que deducían en la UTS que tenía un nivel de vida suficiente y no era merecedora de las ayudas que solicitaba. Nos comentó y así lo escribió también en la declaración que adjuntamos, que el motivo de que sus hijas estuvieran en un colegio concertado era porque ella años atrás trabajaba y podía pagarlo, y cuando se quedó sin trabajo y sin ingresos contó con la ayuda de la directora del colegio de sus hijas, quien decidió mantener a las niñas matriculadas y correr ella, la directora, con los gastos, por lo buenas alumnas que eran las tres niñas, considerando una pena que tuvieran que abandonar el colegio por motivos económicos.
Salvo que esta madre nos mintiera en su declaración, cosa poco probable, resulta más que evidente que en la UTS actuaron mal al negar una ayuda sin entrar a valorar el fondo del asunto del colegio de las niñas, en una prueba más de que las cosas no se están haciendo bien en los Servicios Sociales de La Laguna.

II. 4.- Familia de M. J. L.
Se trata de una madre de tres hijos menores de entre 6 y 13 años que vive sola con sus hijos en Taco, en una casa propiedad de un familiar por la que no paga alquiler pero sí agua y luz. Sólo cobra una ayuda de 426 euros que se le acaba en mayo. Además de los gastos normales de un hogar con tres niños debe afrontar los gastos de transporte diario en coche al colegio de los niños, bastante lejos de su hogar, de un hogar que tiene también bastantes años y necesita de alguna reparación de pintura en el techo que no están pudiendo afrontar.
El 29 de octubre de 2012 pidió cita con la trabajadora social de la UTS de Taco para solicitar ayuda de alimentos y ayuda para pagar el recibo del agua. La ayuda para pagar el agua se la deniegan porque está cerrada la partida para ese supuesto, y la ayuda de alimentos se la niegan porque a juicio de la UTS esta madre tiene suficiente para vivir con la ayuda de 426 euros que cobra, dado que no paga alquiler o hipoteca. De todo esto se le informa verbalmente, sin escrito alguno que de fe de la denegación.
Con esta negativa se le cierra también a esta familia la posibilidad de recibir comida de Cruz Roja, dado que Cruz Roja en La Laguna no gestiona las ayudas, y son las UTS del Ayuntamiento las que incluyen a las familias en una lista y luego las van avisando para que vayan a por comida, dando preferencia a las familias que no tienen ningún ingreso.
Desde la Plataforma ayudamos a esta familia con comida, con el pago de algún recibo de la luz que le habían cortado (documento número 5), y con otras cuestiones, dentro de nuestras limitaciones, acudiendo siempre a la solidaridad de la gente dado que en la Plataforma no manejamos subvención o ayuda oficial alguna.

II. 5.- Familia de M. R. P.
Madre que vive con su marido y sus tres hijos en el lagunero barrio de El Cardonal. Sus dos hijos pequeños son celiacos y la mayor padece una enfermedad rara de difícil tratamiento. Por tales motivos, sus gastos son sensiblemente superiores a la de otra familia normal con tres hijos a cargo. Con apenas un ingreso de 426 euros que finaliza también en un tiempo (similar caso número 1) y pagando un alquiler de unos 330 euros mensuales sin agua ni luz incluidas, se han visto obligados a solicitar ayudas varias al Ayuntamiento de La Laguna, entre ellas una ayuda al alquiler y otra ayuda de primera necesidad por valor de 250 euros. Ambas ayudas se les fueron concedidas, no sin problemas. La ayuda de alquiler por ejemplo, a punto estuvieron de negársela porque los estábamos ayudando desde un proyecto de la Plataforma llamado "Cadena de Favores". Adjuntamos copia del escrito (documento número 6) que desde la UTS le entregaron donde se le exige a la familia que presente certificado de la Cadena de Favores, como si la Cadena de Favores fuera algún tipo de organismo oficial o asociación reconocida. Este hecho nos muestra la libertad total que parecen tener en las UTS para pedir el documento que estimen oportuno, sea lo que sea, y la aleatoriedad en las decisiones finales, algo que podemos constatar comparando el caso de esta familia con el de la primera familia citada, a una le conceden la ayuda al alquiler y a otra no, cuando la situación es hasta cierto punto similar.
Y aún hay más con esta familia. En noviembre pasado esta madre acudió a la UTS a solicitar una ayuda de alimentos, pero no se la tramitan hasta que no justifique con facturas originales (según la Base 41º del Reglamento Municipal que regula las ayudas sociales) hasta el último céntimo de los 250 euros de ayuda de primera necesidad que le dieron hace unos meses. Y aquí viene el problema: la cuenta del banco donde le ingresaron los 250 euros tenía un descubierto de 134 euros por gastos varios sin especificar que tuvieron que pagar en su momento, por tal motivo les es imposible justificar con facturas la totalidad de los 250 euros. En la UTS de Taco insisten pese a los motivos que presenta la familia, recalcando que es un requisito indispensable la presentación de dichas facturas, sin reparar en que al pedirles facturas para justificar 250 euros sabiendo que una parte de ese dinero fue a parar al banco para cubrir el descubierto, le están pidiendo que presente unas facturas que no tienen, debiendo recurrir a facturas falsas cosa que ellos no quieren hacer.
Desde la Plataforma también estamos ayudando a esta familia con comida y otras cuestiones.

II. 6.- Familia de cinco miembros que rehúsa dar sus datos.
Esta familia residente en Taco, La Laguna, fue entrevistada por miembros la Plataforma pero rehusaron dar sus datos personales por miedo a posibles consecuencias negativas posteriores.
Es una familia de cinco componentes, siendo éstos un matrimonio y tres hijos, dos mayores de edad y uno menor. Con todos sus miembros mayores de edad en paro, sus ingresos son únicamente de 426 euros, de ellos han de pagar 200 euros de hipoteca además de agua, luz, impuestos municipales y seguros de la vivienda, y también deben comer y vestir, y vivir con algo de dignidad. Con esa situación acudieron a la UTS de su zona a pedir un vale de alimentos de 120 euros canjeable en un supermercado de los que contempla la normativa municipal, pero en la UTS le piden muchísima documentación de todos los miembros de la familia (se adjunta copia como documento número 7), documentación del tipo de certificados de residencia de todos (que tienen que pagar), certificados de convivencia (que tienen que pagar), DNI en vigor de todos los miembros, libro de familia completo, justificante de ingresos de cada miembro de la familia (en caso de desempleados tarjeta de demanda de empleo y certificado de prestaciones del INEM, en caso de estudiante matrícula de estudios), declaración de la renta cotejada de todos sus miembros mayores de 18 años, copia de las escrituras de la casa y recibos que demuestren que están al día en los pagos, declaración de responsabilidad, alta a terceros de una cuenta bancaria, impresos del catastro firmados y cumplimentados, extractos bancarios del último trimestre de todos los miembros adultos de la familia y hasta la cartilla sanitaria de todos los miembros de la familia, además de otros tantos que así se estimen oportunos en la UTS. Y todo esto para una simple ayuda de alimentos de 120 euros.
Y el resultado final es que la familia no pudo acceder a esa ayuda de alimentos porque no podían presentar algunos datos de uno de los hijos, sin que de ello resultara algún tipo de engaño o ingreso no declarado, motivo más que suficiente para que no pudieran acceder a la ayuda oficial del Ayuntamiento.
Desde la Plataforma vamos a intentar ayudar también a esta familia con alimentos acudiendo a la solidaridad de la gente.

III
Algunas consideraciones importantes

En los casos de las seis familias que hemos expuesto se observa bien a las claras la disparidad de criterios y argumentos para negar las ayudas, destacando y contrastando sobremanera un hecho: la multitud de condiciones y documentos que se exigen a las familias para cualquier ayuda, frente a la ausencia de documento alguno que justifique la negativa por escrito que alega el Ayuntamiento. Igualmente sangrante nos parece que se trate de familias todas con niños pequeños, sin que de ello se desprenda una mayor sensibilidad o disposición a escucharlas, a entender la situación particular de cada una y a intentar ayudarlas desde el Ayuntamiento.
Al margen de estas seis familias documentadas hemos contactado y hablado también con otras muchas que de una u otra manera nos han trasmitido las enormes dificultades que encuentran en el Ayuntamiento de La Laguna para acceder a una ayuda de emergencia social, repitiendo muchas de las situaciones que denunciamos en estos seis casos pero no queriendo aportar sus datos por miedo.
Igualmente gravísimo nos parece el hecho de que muchas familias con niños menores acudan directamente a nosotros a pedirnos ayuda, desistiendo de ir por el Ayuntamiento por miedo a que viendo allí su situación informen a Menores y les quiten a sus hijos.
Importante destacar también la limitación que supone el hecho de que en las UTS de La Laguna no expidan derivaciones a modo de certificación para que las familias acudan a por comida a ONG y asociaciones menores de las que reparten comida de Cruz Roja y el Banco de Alimentos, una limitación que no se da en Ayuntamientos como el de Santa Cruz de Tenerife, donde mejor o peor, además de tener ayudas de alimentos en el supermercado de El Corte Inglés también facilitan derivaciones a asociaciones complementando así la cobertura por dos vías. A esta contingencia del Ayuntamiento de La Laguna hay que sumar que Cruz Roja de La Laguna, que sí atiende y reparte comida a familias de La Laguna, no atiende más que a las familias que les indican desde las Unidades de Trabajo Social. Cuando vemos que desde las UTS son tan aleatorios y restrictivos en las autorizaciones, la realidad es que muchas familias necesitadas tampoco pueden acudir a Cruz Roja de La Laguna a por comida puesto que no obtienen el beneplácito del Ayuntamiento.
Una prueba más que evidente de que las cosas no se están haciendo bien en el Ayuntamiento de La Laguna en materia de ayudas sociales es la ausencia de documento escrito donde se recojan los motivos por los cuales son denegadas las ayudas a cada familia concreta. Esta reticencia a ofrecer documento escrito, al margen de dejar a las familias sin posibilidad de recurso o defensa, apunta también hacia una falta de consistencia legal de muchas de las negativas, de lo contrario no se entiende el motivo por el cual no se acostumbran a remitir argumentos por escrito.

TRAS TODO LO DICHO, como defensor de los ciudadanos que es Usted, respetuosamente le pedimos:

I.- Que admita a trámite nuestra Queja y se sirva investigar los hechos que se denuncian, efectuando cuantas gestiones estén en su mano para que en adelante en el Ayuntamiento de La Laguna:

-Se otorguen ayudas sociales acordes a las necesidades de las familias con más celeridad, menos complicaciones burocráticas y más justicia y equidad;
-Se informe debidamente y por escrito a las familias en caso de denegación de una ayuda social, para que los afectados puedan tener prueba de la negativa y recurrir en su caso en la forma en que estimen oportuna;

II.- Que eleve los informes oportunos a cuantas instituciones sean necesarias, para que el Plan Concertado de Servicios Sociales, del que se nutren los Ayuntamientos de toda España para otorgar ayudas sociales, cuente con financiación suficiente por parte de todas las Administraciones, cosa que en la actualidad no sucede;
III.- Que haga cuantas gestiones estén en su mano para que desde el Gobierno de Canarias se dote de suficiente presupuesto a la partida destinada a financiar la Prestación Canaria de Inserción (PCI), única ayuda autonómica de este tipo que hay en Canarias y que en la actualidad apenas cuenta con presupuesto y se convierte así en un triste engaño, no alcanzando a llegar más que al 1 % de la población canaria que merecería recibirla por su situación precaria.

PLATAFORMA POR LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS SIN HOGAR