Cuatro años de impunidad política, garantiza al partido en el poder hacer lo que le viene en gana, donde se incluye el incumplimiento de las promesas
electorales, al tiempo que deja mudos a los votantes hasta las siguientes elecciones. Así es la democracia española.
La Constitución española prevé la iniciativa popular en su artículo 87.3 y siguientes y en la ley reglamentaria (Ley Nº 3 Orgánica de 1984). Se
requiere en mínimo de 500.000 firmas acreditadas de ciudadanos. Las firmas tienen que recogerse en un periodo de nueve meses. El proceso se inicia
mediante la presentación de la documentación en la Mesa del Congreso de los Diputados, que examina la documentación y se pronuncia en el plazo de 15
días sobre su admisibilidad. Sin embargo, cabe la posibilidad de que todo el esfuerzo sea nulo, al no ser aceptado por un partido que gobierne en
mayoría, como es el caso del PP, partido nacionalista español en su máximo exponente, que ya, sin contemplar otra posibilidad, ha anunciado que no
admitirá a trámite la Iniciativa Lagislativa Popular (ILP) que presenta la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) pretendiendo implantar la
"dación de pago", sustentada en 750.000 firmas de ciudadanos que pasarán a la ignorancia del gobierno de españa irremediablemente.
En el citado infierno del sur de Europa, lo peor es que la deuda hipotecaria hay que saldarla puntualmente hasta el final, porque en caso contrario, la
legislación actual se convierte en cómplice del poder financiero hasta embargar la vida de quién no pueda hacer frente a los pagos. No se considera
suficiente con que el prestamista robe la propiedad inmobiliaria, sino que la legislación obliga a seguir afrontando el pago a pesar de perder la titularidad de la propiedad. Con la propuesta llamada "dación de pago" una vez la entidad financiera se hace con la propiedad, el deudor queda absuelto de deuda alguna, aunque la PAH haya intentado ir más allá, aportando propuestas de soluciones sociales que podían haber sido impugnadas parcialmente de haberse aceptado la ILP.
De todas formas, la derecha española que representa el PP le ha cortado la lengua a esas 750.000 personas firmantes y a quienes podamos adherirnos a la
ILP. Todo cubiertos por la legislación que nos cuenta cómo es la democracia española y su Constitución.
Por lo que no me queda más que valerme de aquel dicho canario, que dice lo de "guárdeme un cachorro, pero que sea macho y capado..." a lo que yo añado
"y que no venga más al sur de Gibraltar".
Pedro González Cánovas
(Miembro de Alternativa Nacionalista Canaria)
