Sobre el caso en cuestión, insistimos en lo injusto y desproporcionado que nos ha parecido desde que tuvimos constancia del mismo, a nosotros y a también a la asociación DENIPER, a la Asociación Ayuda a las Familias Chicharreras, a los vecinos de Añaza, a la Asociación Viera y Clavijo, al cura de la parroquia de Añaza y hasta al propio Presidente de la Comisión de Asuntos Sociales del Parlamento, el diputado Ignacio González.

Hoy el diputado Ignacio González habla de denunciar a Inés Rojas por otras vías legales si no da marcha atrás al expediente, y nosotros en la Plataforma queremos hacer constar que por desgracia este caso no es un caso aislado: la indefensión a la que se han de enfrentar las familias humildes que en Canarias se ven inmersas en expedientes con sus hijos es total, y pruebas tenemos unas cuantas con otras tantas familias.

Los informes de los equipos de Menores de los Ayuntamientos y del Gobierno de Canarias tienen un peso total en la resolución final del expediente, las familias no tienen derecho a la defensa, nadie los ampara, no se les escucha, pocas veces se les otorgan ayudas para paliar su situación de precariedad y en la mayoría de los casos ni siquiera se les informa por escrito de lo que está pasando hasta que ya está el expediente resuelto con la retirada del menor. Todo esto llevamos meses denunciándolo desde la Plataforma en unión de varios colectivos con reiterados casos concretos de familias que lo están sufriendo, sin que se nos haga caso alguno.

Insistimos en saber por qué hay tanto interés en retirar menores a sus padres para llevarlos a centros o darlos en adopción o acogida en familias ajenas, en lugar de ayudar a la familia o en su defecto buscar un acogimiento en familia extensa (abuelos, tíos, hermanos), tal cómo establece como prioridad la Ley de Atención Integral a los Menores de Canarias y otras leyes relativas a Menores, y no descansaremos hasta que todo esto se cambie.

Plataforma por la Dignidad de las Personas